FOTO – crédito Federico Ríos
A través de una Alerta Temprana de Inminencia, la entidad advierte por el riesgo de una crisis humanitaria en los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y para los municipios de Río de Oro y González. La Defensoría pide intervención urgente de la institucionalidad.
A pesar de que hace más de un año estalló de nuevo la guerra en Catatumbo, la violencia hoy por hoy se perpetúa en sus territorios. La Defensoría del Pueblo acaba de emitir una Alerta Temprana de Inminencia, a raíz de la intensificación de la confrontación armada en municipios como Ocaña y Ábrego. La crisis en esa subregión de Norte de Santander derivó en graves impactos humanitarios.
Según detalló la entidad, la Alerta 006 de 2026 también cobija a los municipios Río de Oro y González en el sur del Cesar, territorios en los que también ha aumentado el conflicto armado. El llamado de la Defensoría del Pueblo corresponde a tres dinámicas de disputa. La primera tiene que ver con las posibles reconfiguraciones y alianzas entre grupos ilegales para el control territorial en Catatumbo. Las alianzas serían entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y la estructura criminal “Los Pelusos”.
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La segunda dinámica identificada por la Defensoría del Pueblo tiene que ver con la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el riesgo de confrontación con el ELN en territorios del sur del Cesar con el objetivo de controlar corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, y rentas de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.
Y la tercera dinámica por la que la entidad envía una alerta inminente está relacionada con la posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen.
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“Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de ‘normas de conducta’. Además, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), documentó una preocupante estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, a quienes las han señalado en redes sociales como colaboradoras de bandos contrarios; la finalidad: restringir su participación en política”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Los efectos de la crisis humanitaria son evidentes. Según datos recogidos por la entidad, durante 2025, Ocaña registró un incremento significativo de homicidios en el contexto de Norte de Santander que cerró el año con 774 muertes violentas. Asimismo, durante los primeros meses del año pasado, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas.
Con esta nueva escalada de violencia, la Defensoría advierte los riesgos humanitarios en específico para niñas, niños y adolescentes expuestos al reclutamiento forzado, uso ilícito y violencia sexual. Además, las mujeres y lideresas son víctimas de persecución, amenazas digitales y violencia basada en género en medio de la disputa territorial.
Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formula en su ATI 006 de 2026 un total de 14 recomendaciones urgentes al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Protección (UNP), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), gobernaciones de Norte de Santander y Cesar, alcaldías de los cuatro municipios en riesgo, entre otros entes.
El llamado es a impulsar una respuesta rápida para reducir los riesgos, proteger a las poblaciones vulnerables, investigar los homicidios y secuestros y atender a las comunidades desplazadas. “Las autoridades deben implementar estas medidas bajo una perspectiva de seguridad humana y estricto respeto a los derechos humanos”, concluyó la Defensoría.
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