FOTO: JEP
por: Colprensa
Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, los falsos positivos no reconocidos fueron ejecutados entre agosto de 2004 y noviembre de 2005 en operaciones en los municipios de Dabeiba e Ituango.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) instaló este martes 20 de enero en Medellín el juicio adversarial transicional contra el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez.
El exuniformado no aceptó su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 18 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Dabeiba e Ituango, por lo que ahora deberá enfrentar las pruebas que lo señalan como líder de una alianza criminal para obtener resultados operacionales bajo una política de incentivos.
El proceso judicial contra el alto oficial llegó a esta instancia definitiva luego de un tiempo porque el compareciente optó por no aceptar la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la Sala de Reconocimiento de Verdad le imputó inicialmente.
Ante esta negativa, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) acusó formalmente al coronel de liderar “un plan criminal para presentar a civiles en condición de vulnerabilidad como ‘bajas en combate’”, en el marco de una presión institucional que exigía resultados militares medidos por muertos.
La Fiscalía de la JEP aseguró que Guzmán Ramírez actuó como coautor y coautor mediato de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos. Según el ente acusador, este patrón criminal se sustentó en un “sistema de incentivos y recompensas” que premiaba la muerte de civiles inocentes.
Detalles del expediente por el que Guzmán Ramírez irá a juicio
El juicio se centrará en 10 hechos delictivos que dejaron 18 víctimas directas. La acusación reveló que las víctimas eran principalmente “jóvenes campesinos y trabajadores en situación de vulnerabilidad económica”, seleccionados bajo una lógica de estigmatización social.
Entre los asesinados se encuentran menores de 13, 15 y 17 años. La UIA denunció que estos menores, según la evidencia recabada, “fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte”.
Además, se documentó que tres de las víctimas sufrieron reclutamiento forzado antes de ser ejecutadas, incluyendo una persona que se desmovilizó y fue usada como guía antes de ser asesinada.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que Guzmán comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79. La mayoría de los cuerpos fueron ocultados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba para simular legalidad y encubrir los crímenes.
Uno de los puntos más críticos de la acusación señaló que, para ejecutar estos asesinatos, el plan criminal contó “con la cooperación de grupos paramilitares, específicamente del Bloque Mineros y del Bloque Elmer Cárdenas”, lo que evidencia una operación conjunta entre fuerza pública e ilegales.
La instalación del juicio se dio tras superar múltiples solicitudes de aplazamiento presentadas por la defensa, relacionadas con cambios de abogado y peticiones de tiempo adicional.
En sus alegatos iniciales, la defensa del coronel insistió en exponer argumentos con los que “pretende demostrar su inocencia” y sustentar su tesis de no participación en los hechos mediante peritajes operacionales.
Para derribar la presunción de inocencia, el tribunal decretó la práctica de un amplio acervo probatorio que incluye la declaración de 94 testigos, de los cuales 68 fueron solicitados por la UIA. En el estrado se escucharán testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, una víctima sobreviviente y familiares de los asesinados.
Adicionalmente, se incorporarán al juicio pruebas técnicas contundentes como “dictámenes forenses, análisis de reconstrucción tridimensional de escenas y estudios balísticos de trayectoria”, así como expedientes de la justicia ordinaria.
