Según el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la cifra representa un incremento de cuatro veces frente al mismo periodo del año anterior.
Entre enero y abril, más de 953.300 personas resultaron afectadas por el conflicto armado en Colombia, según el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La cifra representa un incremento de cuatro veces frente al mismo periodo del año anterior y se traduce en 7.900 personas afectadas por día y más de 238.000 cada mes.
El impacto humanitario se concentró especialmente en los departamentos de la región del Pacífico, la Orinoquía-Amazonía y el norte del país, donde se registraron desplazamientos masivos, confinamientos y graves restricciones a la movilidad en al menos 12 departamentos.
Más de 75.000 personas vivieron situaciones de confinamiento durante los primeros cuatro meses del año, lo que representó un incremento del 59% respecto al mismo periodo de 2024. En marzo, más de 26.000 personas se vieron afectadas por toques de queda, paros armados y combates.
En Putumayo, Amazonas y Caquetá, al menos 7.300 personas quedaron atrapadas tras el cierre del tránsito fluvial por el río Caquetá, impuesto por un grupo armado.
En Córdoba, más de 8.000 personas restringieron su movilidad por temor al fuego cruzado tras un operativo militar. Estos eventos interrumpieron el acceso a servicios básicos y provocaron la suspensión de clases, afectando especialmente a niñas, niños y adolescentes.
El informe también reportó un aumento del 112% en los ataques contra la población civil, incluyendo amenazas, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. A ello se suma el uso creciente de artefactos explosivos, que aumentaron en un 98% durante este periodo.
Los departamentos más afectados por estos dispositivos, incluidos minas antipersonal, trampas explosivas y drones explosivos, fueron Cauca y Norte de Santander.
Cauca concentró el 24% de los eventos relacionados con explosivos, dejando comunidades enteras atrapadas en medio de los ataques.
En el Catatumbo (Norte de Santander), entre enero y abril, se reportaron al menos 58.500 víctimas de desplazamiento masivo, sumando 87.400 personas afectadas por diversas emergencias en lo que va de 2025. Esta crisis ha sido provocada por enfrentamientos entre Grupos Armados No Estatales y la Fuerza Pública, con impactos severos en el acceso a salud, educación y alimentación.
Simultáneamente, la región de La Mojana enfrentó nuevas inundaciones que afectaron a cerca de 80.000 personas. En Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas, las lluvias y deslizamientos impactaron a miles de familias. A ello se sumó la emergencia sanitaria por fiebre amarilla y el aumento de casos de dengue en Antioquia, Córdoba y Putumayo, agravando la situación de acceso a salud en zonas rurales.
El nivel de respuesta a las emergencias reportadas fue calificado como insuficiente. El informe señaló que solo el 14% de las situaciones tuvieron algún tipo de atención humanitaria efectiva, mientras que el 86% presentaron vacíos en la respuesta, especialmente en zonas rurales con presencia de grupos armados.