El Gaula capturó a tres mujeres y un hombre señalado de ser el líder de la organización que afectó a cartageneros y turistas.
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La Policía Nacional través del Gaula Bolívar, en coordinación con Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, gracias a una denuncia ejecutaron la operación ‘San Leonardo’, contra el delito de extorsión, capturando a cuatro personas en diferentes ciudades del país, quienes venían afectando el patrimonio económico de cartageneros, turistas y visitantes.
Durante esta ofensiva fue desarticulada esta estructura criminal, que basaban su actuar delictivo bajo la modalidad de extorsión carcelaria, donde internos recluidos en los centros carcelarios del país, como la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, se identifican como integrantes del ELN o del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, AUC, intimidando a sus víctimas obligándolos a realizar consignaciones de grandes sumas de dinero, a través de empresas de giros y encomiendas.
Las actividades judiciales y de inteligencia permitieron la ubicación y captura de Diego Uriana Blanco, conocido como ‘El Guajiro’, de 30 años, líder de esta organización delincuencial; Delia Aguilar Olarte, ‘La Gorda’, de 42 años, con antecedentes por extorsión; Pilar del Pino, conocida como ‘La Vieja’, de 52 años, cobijada con detención domiciliaria por el delito de extorsión y Sonia Amaya Jiménez, ‘La China’, de 36 años, quien presenta 15 anotaciones por estafa, encargada de direccionar los pagos de las extorsiones a través de diferentes empresas de giros.
Las victimas que son habitantes de la ciudad de Cartagena y algunos municipios de Bolívar, recibían exigencias que oscilaban desde diez mil hasta 20 millones de pesos, mediante amenazas de muerte. Los presuntos extorsionistas aseguraban que una contribución económica para aportar elementos de intendencia de uso privativo de las fuerzas armadas y de Policía Nacional como (Armas de fuego, munición, uniformes, explosivos, etc.), equipos de comunicación (Radios, celulares), elementos que son de uso restringido para los ciudadanos.
Estos presuntos delincuentes obtenían información entregada por los mismos afectados que incautos suministran datos personales y familiares mediante engaños. Bajo esta modalidad, según la Policía, daban un plazo no mayor a dos horas para realizar la consignación a través de reconocidas empresas de giros y entidades bancadas por medio de transferencias. Los dineros producto del ilícito eran retirados por sus cómplices en los diferentes puntos de pago de estas empresas, obteniendo la utilidad, beneficio y provecho ilícito.
Los indiciados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de concierto para delinquir extorsión agravada.