Imagen: tomada de internet
Por: Tatiana Gómez
Gremios advierten que sanciones basadas en quejas ciudadanas podrían vulnerar el debido proceso y abrir la puerta a decisiones arbitrarias.
El reciente Decreto 0110 de 2026, que regula el programa “Convive la Noche” en Medellín, empieza a generar preocupación entre comerciantes y expertos jurídicos por posibles vacíos en su aplicación, especialmente en lo relacionado con sanciones basadas en quejas ciudadanas. Referencia geográfica
Uno de los principales puntos en discusión es que el decreto permite retirar establecimientos del programa por “quejas reiteradas”, provenientes de líneas como el 123 o reportes ciudadanos. Sin embargo, desde el ámbito jurídico, estas denuncias no constituyen una prueba plena de una infracción, sino apenas indicios que deberían ser verificados con soportes técnicos.
A esto se suma la advertencia sobre posibles vulneraciones al debido proceso. Según analistas, una sanción sin mediciones técnicas, actas oficiales o procedimientos formales podría ser demandada ante la jurisdicción administrativa, al no cumplir con los requisitos legales para imponer medidas restrictivas.
Otro de los aspectos que genera inquietud es el papel del comité encargado de evaluar los casos. El decreto señala que el análisis será “cuantitativo y cualitativo”, un criterio que, según expertos, deja amplio margen a la interpretación y podría derivar en decisiones subjetivas.
Además, no se descarta el riesgo de uso indebido del sistema de quejas. La norma podría facilitar que terceros presenten reportes reiterados con el fin de afectar a determinados establecimientos, lo que abre un escenario de posibles conflictos entre vecinos o incluso competencia desleal.
El decreto también endurece las condiciones para ingresar y permanecer en el programa. Ahora se exigen más requisitos documentales y se establecen sanciones con tiempos definidos, que pueden ir desde uno hasta seis meses de suspensión, dependiendo de la falta.
Aunque la intención de la medida apunta a mejorar la convivencia y el control en zonas de alta actividad nocturna, el debate se centra en la necesidad de garantizar que las decisiones estén respaldadas por pruebas verificables y criterios claros, evitando afectaciones injustificadas a la actividad económica.
En este contexto, abogados recomiendan a los establecimientos fortalecer sus soportes legales y documentales, y estar preparados para ejercer su derecho a la defensa en caso de ser objeto de sanciones dentro del programa.
