El llamado surge ante el alarmante aumento de bandas criminales dedicadas principalmente a extorsionar a los habitantes y comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana.
Tras creciente ola de inseguridad que afecta al departamento del Atlántico , un grupo de parlamentarios de la región ha solicitado, con carácter urgente, la intervención del Gobierno nacional a través de un Consejo de Seguridad.
Este llamado surge ante el alarmante aumento de bandas criminales dedicadas principalmente a extorsionar a los habitantes y comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana, así como la disputa territorial relacionada con el narcotráfico y microtráfico.
Los legisladores, que forman parte de la bancada parlamentaria del Atlántico, expresaron en su misiva el impacto negativo que estas situaciones están teniendo sobre la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, y pidieron una respuesta rápida por parte de las autoridades competentes. La Defensoría del Pueblo , a través de sus alertas tempranas, ya había señalado la situación crítica de la región, haciendo hincapié en la necesidad de implementar medidas urgentes.
En su solicitud, los parlamentarios hacen un llamado al presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, al ministro del Interior, al ministro de Defensa, a la ministra de Justicia, a la defensora del Pueblo, al procurador General de la Nación, al director de la Policía, al alcalde de Barranquilla, los alcaldes del área metropolitana y otras autoridades nacionales y locales para que participen de este Consejo de Seguridad. Este espacio tiene como fin diseñar un plan integral que aborde las múltiples causas de la inseguridad en la región y coordine esfuerzos para frenar la expansión de las bandas criminales, que han generado un clima de violencia y zozobra en las principales ciudades del Atlántico.
El objetivo de la reunión es la implementación inmediata de medidas efectivas para restaurar la paz y el orden, no solo en Barranquilla, sino en el resto del Departamento del Atlántico, un territorio que ha experimentado un repunte en los delitos relacionados con el crimen organizado. En su carta, los parlamentarios subrayan que la colaboración entre las diversas instituciones es esencial para afrontar este desafío de manera efectiva y garantizar la seguridad de la población.