El ex alcalde y otras personas estarían involucradas en irregularidades en la contratación de obras de pavimentación.
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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del exalcalde de Galeras, Remberto Javier Amell Hernández; el ex secretario de Planeación municipal, Carlos Eduardo Cueto Corrales; el contratista Jorge Carlos Álvarez Rivero y Lila Margarita Aldana Argel.
Según el ente acusador, estas personas estarían involucradas en múltiples irregularidades detectadas en la contratación de obras de pavimentación y reparación de vías terciarias, y la supuesta apropiación de recursos.
De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario habría acudido a un representante a la Cámara y a una senadora de la República para que mediaran ante Prosperidad Social (DPS) para que el municipio recibiera recursos del orden nacional, con el propósito de reparar la malla vial.
Finalmente, a la administración de Galeras le fueron asignados 13 mil 212 millones de pesos. Por la gestión, los congresistas, presuntamente, recibieron el 15% de la suma desembolsada.
Con este millonario rubro se suscribieron, mediante licitación pública, tres contratos de obra distintos para la pavimentación de vías en Galeras.
Los funcionarios, al parecer, direccionaron la contratación en los tres procesos contractuales, en beneficio de unas empresas específicas. De igual manera, estructuraron los pliegos de manera amplia, los modificaron y los entregaron con antelación a los oferentes de su interés.
Por esta actuación, el entonces alcalde, supuestamente, recibió 50% de las ganancias netas del primer contrato de obra.
Por restos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados, de acuerdo con su posible participación, delitos como: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de la competencia, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.
Los cargos fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.