En el país hay más de 900 empresas de seguridad privada; Gobierno Nacional previene infiltraciones de estructuras ilegales en el sector de vigilancia privada
En una medida que busca cerrar el paso al mal uso de armas por parte del sector de vigilancia privada, el Gobierno Nacional implementó un nuevo protocolo interinstitucional que fortalece el control y seguimiento de estas herramientas. La estrategia involucra al Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE).
El protocolo estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas de fuego involucradas en procesos sancionatorios. Esta iniciativa responde a las directrices del Gobierno para evitar que se desvíen los usos autorizados del armamento.
La medida se apoya en los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como en la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regula el uso de armas en servicios de seguridad privada. Las autoridades buscan garantizar la legalidad y transparencia del sector mediante controles más estrictos y una respuesta más ágil ante posibles irregularidades.
Desde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha intensificado la comunicación entre entidades responsables en todo el país, con el fin de garantizar una supervisión efectiva y coordinada. Esta acción busca frenar cualquier intento de infiltración por parte de estructuras del crimen organizado.
Con estas medidas, el Gobierno fortalece su capacidad de vigilancia sobre más de 900 empresas del sector, promoviendo estándares de calidad y cumplimiento normativo. La ciudadanía se beneficiará directamente de una mayor supervisión, que asegura el uso legal y responsable de las armas en manos de la seguridad privada.