Anuncian acción de nulidad a la suspensión de órdenes de captura a cabecillas del Valle de Aburrá

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Por: Norbey Valle David

Esta medida será liderada por la gobernación de Antioquia, los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y el municipio de Rionegro.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, anunció que adelantará una acción de nulidad contra la resolución 0072 del 27 de marzo del 2026, mediante la cual se anunció la suspensión de órdenes de captura contra los cabecillas de las bandas delincuenciales que están en el diálogo de la paz urbana con el gobierno nacional.

Esta acción judicial será respaldada por 11 alcaldes del departamento que, como el gobernador, manifiestan estar en desacuerdo con esta decisión solicitada por el gobierno nacional y acatada por la fiscalía general. Esta acción judicial fue tomada por los mandatarios en un consejo de seguridad adelantado este martes.

TOMADA DE: https://caracol.com.co/

Los cambios de imagen, especialmente de Caracol Radio. #radio #imagen #logo  #diseño #Colombia #emisoras #información #contenido #FM #AM

“Desde la gobernación de Antioquia, en conjunto con las diez alcaldías que componen el área metropolitana y la de Rionegro, vamos a presentar ante el Concejo de Estado una acción de nulidad para que esta medida ilegítima y arbitraria ojalá se eche para atrás. Eso deberá tomar lugar el próximo lunes de Pascua, porque el sistema se encuentra en vacancia”, aseveró el gobernador Rendón.

Agrega que, mientras este trámite se surte, le solicita a la fiscal general Luz Adriana Camargo suspender ese levantamiento de las órdenes de captura a los 23 jefes delincuenciales, siete de estos ya en libertad.

“Es más grave lo que están haciendo con estos 23 bandidos que son tan o más peligrosos que Calarcá y que ya el Estado en su conjunto había sometido con la ley”.

Finalmente, manifestó una preocupación: es la de poder garantizar la real verificación de que estas personas no continúen delinquiendo, pero además, recalca que con el levantamiento de las órdenes se pone en riesgo a víctimas, fiscales, jueces e integrantes de la fuerza pública que judicializaron a los cabecillas.