La alcaldesa (e) y el secretario de gobierno se negaron a hacer el desalojo, porque que los afectados son víctimas de la violencia.
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La decisión de arresto fue emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, argumentando un desacato a la orden de desalojar 238 familias que ocupan de manera ilegal un predio propiedad de la Iglesia Pentecostal.
La orden judicial indicaba que para el desalojo o argumentar por que no se efectuaba había plazo hasta este 10 de diciembre y tenía que ser cumplida por la alcaldesa encargada hasta ese momento, Tatiana María Pineda y Alex Junior Córdoba, Secretario de Gobierno, pero se negaron atendiendo una orden del alcalde en propiedad Felipe Maturana, quien aseguró en su red social Facebook que las familias son víctimas de la violencia y que no las revictimizará y menos en época navideña.
Respeto las instituciones y acato como Administración Distrital las decisiones del Juez Primero de Restitución de Tierras, pero no comparto que la Ley se convierta en la herramienta para seguir revictimizando a más de 200 familias que serán desalojadas de sus casas, donde han vivido los últimos años. La alcaldesa (e) y el secretario de Gobierno de Turbo, pagarán 3 días de prisión por seguir mi orden de no desalojar a estas familias en navidad, hasta que como estado les podamos garantizar los derechos básicos. Mi solidaridad con ellos”, dijo el mandatario.
El secretario de Gobierno Alex Junior Córdoba, aseguró que otra situación es que la orden administrativa cuesta un poco más de mil millones de pesos y ese dinero no se puede suministrar en esta época del año, así mismo, explicó que la situación que están analizando es que hacer con esas personas cuando sean desalojadas, orden que van a cumplir.
“Hay unas familias que hay que restituir, lo tenemos claro y vamos a cumplir la sentencia judicial, pero nosotros también tenemos como administración distrital saber qué hacer con esas familias que están dentro del predio”, recalcó el funcionario sancionado.
Tanto la señora Pineda como el señor Córdoba deberán pagar tres días de arresto en la estación de policía Urabá o en una guarnición militar y pagar una multa económica de 5 salarios mínimos legales mensuales, según el fallo.