GUSTAVO OSPINA ZAPATA |
A las advertencias del superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, sobre la lupa que les pondrá a las irregularidades que se cometan en el proceso de vacunación se sumó una decisión más concreta: a quienes sean sorprendidos como colados en la lista de priorizados se les aplicarán sanciones de hasta $1.800 millones, equivalentes a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y penas de cárcel.
El Superintendente advirtió que estos montos en las sanciones los recibirían las personas naturales, pero las investigaciones alcanzarán también a las instituciones, que de ser sorprendidas en estas prácticas podrían recibir sanciones hasta de 8.000 salarios mínimos.
Los colados son las personas que se saltan el Plan Nacional de Vacunación ya establecido por el gobierno y logran que se les aplique el biológico sin estar en los turnos priorizados.
El superintendente Aristizábal, en la alocución presidencial que se hace diariamente por televisión, precisó que su dependencia está articulada con la Contraloría y la Procuraduría para vigilar este proceso.
El presidente Iván Duque añadió que como estas personas, “se valen de mecanismos fraudulentos para recibir la vacuna violando el Plan Nacional de Vacunación, es perfectamente aplicable el Código Penal Colombiano cuando se habla de la inobservancia de las medidas de las autoridades sanitarias para contener una epidemia”, por lo cual también se podrían aplicar sanciones de hasta más de cinco años de cárcel (64 meses según el Código Penal Colombiano”.
Las advertencias del mandatario se extendieron a las IPS y EPS que incurran en este delito, cuyas sanciones serían más severas.
El tema de los colados salió a flote el fin de semana pasado raíz del caso del cirujano plástico de Santander, Camilo Orlando Reyes Carrascal, quien recibió la dosis de la vacuna aparentemente sin estar en la primera línea de riesgo del personal médico, que fueron los priorizados en la primera etapa del proceso.
Según el Superintendente, “aquí nadie puede fallar, si en nuestras auditorías encontramos reincidencias o evidencias que ha habido un mal comportamiento, que funcionarios se han colado la fila, que han utilizado atajos, nosotros tomaremos las decisiones necesarias y recuerde que tenemos una ley que nos permite ir contra los responsables de este desvío que están atentando contra los lineamientos del Ministerio de Salud”.