En un informe, la Jurisdicción especial para La Paz (JEP) confirmó que cinco cuerpos que permanecían en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, presentan signos de violencia y podrían ser víctimas de desaparición forzada. Esto a propósito de las investigaciones que se adelantan para tratar de esclarecer lo ocurrido en ocho municipios de influencia del proyecto de Hidroituango.
Según los informes de la JEP, los cuerpos presentan lesiones con arma de fuego en el cráneo, compatibles con ejecución en estado de indefensión.
La JEP también investiga si hubo irregularidades en el traslado de esos restos desde el cementerio de Orobajo, en Sabanalarga hasta la Universidad.
Así las cosas, este año ya son 8 los restos de personas identificadas como posibles víctimas de desaparición forzada en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico.
En los últimos años, la Fiscalía ha exhumado 176 restos más en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Tarazá, Peque, Nechí, Toledo y Valdivia y se pudo establecer que hubo presencia de grupos como el Bloque Metro y el Bloque Mineros de las autodefensas además de los frentes 18,36 y 5 de las FARC.
Se estima que la presencia de los diferentes actores armados en esta región, dejó más de dos mil personas desaparecidas forzosamente. Más de 300 de estos crímenes habrían ocurrido entre los años 2001 y 2002.