Por: Santiago Solórzano
Desplazamiento forzado, confinamiento y permanencia prolongada en calle agudizan la vulnerabilidad de la población menor de edad indígena en la ciudad.
La Personería Distrital de Medellín emitió una Alerta Institucional ante el alto índice de afectaciones psicosociales, problemas de salud mental y la activación de las rutas de Código Dorado y Código Fucsia en niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas del municipio.
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El personero distrital, Mefi Boset Rave Gómez, dirigió esta advertencia a entidades como las secretarías de Salud e Inclusión Social, el ICBF y la Fiscalía.
El Grupo Especial de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados advirtió que la atención a esta población requiere un enfoque preventivo e intercultural que trascienda la urgencia. Según el informe, el 65 % de las activaciones por Código Fucsia corresponden a menores de edad y mujeres indígenas, principalmente de la comunidad Embera Katío, aunque existe un alto subregistro por barreras lingüísticas y temor a denunciar.
Barreras estructurales en la atención diferencial
Entre los principales obstáculos identificados figuran las dificultades para garantizar atención psicológica especializada, la falta de seguimiento tras las crisis y la escasa presencia de mediadores interculturales.
A esto se suma la fragmentación institucional y la discontinuidad de profesionales, factores que debilitan la articulación entre el gobierno local y las autoridades indígenas.
La alerta también evidenció situaciones de violencia sexual, explotación comercial, mendicidad y trabajo infantil, problemáticas agravadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento de las familias. Las autoridades recalcaron que la permanencia prolongada en calle incrementa la vulnerabilidad de esta población vulnerable.
Recomendaciones para una respuesta integral
Frente a este panorama, el ministerio público recomendó fortalecer la ruta de salud mental intercultural, mejorar la interpretación lingüística y consolidar espacios permanentes de articulación interinstitucional. Asimismo, instó a garantizar que cada caso cuente con seguimiento formal y cierre efectivo por parte de las entidades competentes.
Finalmente, la Personería reiteró que la pertenencia étnica exige una atención con enfoque diferencial, la cual en ningún caso debe convertirse en un obstáculo para la protección inmediata de los derechos de la infancia. El organismo solicitó a las instituciones actuar con celeridad para garantizar respuestas continuas e integrales.
