Antena satelital del ‘clan del Golfo’ en Antioquia. Foto: Ejército.
La conexión permitía mantener comunicación con integrantes de una subestructura ilegal y recibir alertas sobre la presencia del Ejército.
Una antena de internet satelital instalada en medio de una zona de explotación ilícita de oro terminó convirtiéndose en uno de los principales elementos encontrados por el Ejército durante una operación en San Rafael, en el oriente de Antioquia. El equipo tenía una función dentro de la dinámica de la unidad minera: mantener conectados a sus operadores con integrantes de la estructura criminal que, según las autoridades, recibía recursos de esa actividad.
La antena estaba alimentada por un panel solar y permanecía instalada en la vereda El Ingenio, donde tropas de la Cuarta Brigada ubicaron una unidad dedicada a la explotación ilícita de yacimientos mineros. De acuerdo con información conocida durante la operación, el sistema permitía sostener comunicación permanente incluso en un sector rural en el que la cobertura convencional resulta limitada.
Los reportes no estaban relacionados únicamente con el funcionamiento de la mina. Según el Ejército, quienes permanecían en el lugar utilizaban la conexión para informar a cabecillas de la Subestructura Pacificadores de Samaná, del ‘clan del Golfo’, sobre los avances en la extracción de oro y recibir alertas sobre movimientos de tropas en la zona.
Ese componente de comunicación deja ver parte de la organización que existía alrededor del punto de extracción. Mientras la maquinaria removía el terreno y procesaba el material, la antena mantenía abierto un canal hacia quienes estarían detrás de la operación. Para las autoridades, la minería funcionaba de esta manera como parte de la red de financiación de la estructura criminal.
La intervención fue realizada por soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4. Al ingresar al lugar encontraron, además de la antena y el panel solar, una excavadora que había sido cubierta con ramas de árboles. La maniobra, según la información militar, buscaba reducir la posibilidad de que la máquina fuera detectada desde el aire.
Alrededor de la excavadora había otros elementos que daban cuenta de la capacidad instalada. Las tropas localizaron turbinas diésel, motobombas, equipos para succión y clasificación del material, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y depósitos de combustible utilizados para mantener en funcionamiento la explotación.
Los cálculos entregados después de la operación permiten dimensionar el flujo de dinero que podía pasar por ese punto. La unidad tendría capacidad para extraer alrededor de 3.000 gramos de oro cada mes. A los precios estimados por las autoridades, esa producción podía representar más de 1.300 millones de pesos mensuales.
La maquinaria, los equipos, los combustibles y los demás insumos inutilizados fueron avaluados en aproximadamente 1.040 millones de pesos. La afectación económica señalada por el Ejército no se limita, sin embargo, al valor de los elementos encontrados, pues también incluye la interrupción de la producción que podía mantenerse de manera mensual en el lugar.
La presencia de una conexión satelital adquiere relevancia dentro de ese esquema. La distancia de centros urbanos no significaba que quienes administraban la extracción permanecieran incomunicados. El sistema permitía transmitir información desde el punto de explotación y, al mismo tiempo, recibir datos sobre lo que ocurría alrededor de la mina.
Esa comunicación también cumplía una función de seguridad. De acuerdo con la versión oficial, desde allí podían ser advertidos sobre la llegada de unidades militares, un mecanismo que habría permitido reaccionar frente a operaciones de la Fuerza Pública y proteger tanto al personal como a la maquinaria utilizada en la extracción.
El hallazgo se produjo en una zona donde las autoridades siguen rastreando fuentes de financiación de organizaciones criminales. La minería ilícita ocupa un lugar dentro de esas economías debido al valor del oro y a la posibilidad de mantener explotaciones en áreas rurales mediante maquinaria pesada y equipos que pueden ser trasladados o escondidos.
A la estructura económica se suma el impacto sobre el terreno. En El Ingenio se realizaba explotación a cielo abierto, una modalidad que implica remoción de material y de la capa orgánica del suelo. El Ejército señaló además afectaciones sobre cobertura vegetal, flora, fauna y la morfología de la zona.
El uso permanente de excavadoras, combustibles y lubricantes también genera riesgos para las fuentes hídricas y el suelo. A ello se agrega la acumulación de sedimentos derivados de la operación, uno de los puntos que las autoridades tuvieron en cuenta durante la intervención.
Tras la destrucción de la unidad minera, la Cuarta Brigada mantuvo tropas en el sector y reforzó las operaciones para buscar otros puntos de extracción. La línea de investigación apunta a establecer qué otras unidades pueden estar conectadas con las redes financieras de las estructuras que tienen presencia en esta zona del oriente antioqueño.
Jesús Blanquicet y Carlos López – @JusticiaET
