Foto: El Colombiano
La investigación busca establecer si Víctor Hugo Gómez Velasco incurrió o no en el delito de prevaricato por omisión.
El Tribunal Superior Militar y Policial ordenó revivir la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, quien estaba al frente del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay cuando ocurrió el atentado que terminó con su vida.
La decisión deja sin efecto el cierre del expediente que había sido ordenado en primera instancia y obliga a que el proceso continúe para determinar si el uniformado pudo tener algún tipo de responsabilidad penal por su actuación antes del ataque.
El proceso se concentra específicamente en una posible conducta de prevaricato por omisión, relacionada con un eventual incumplimiento o retraso en las gestiones que correspondían al esquema de seguridad para garantizar la protección del senador durante el evento público en el que fue atacado.
La decisión del Tribunal se produjo luego de una apelación presentada por la Procuraduría, que cuestionó el archivo de la investigación y advirtió posibles inconsistencias jurídicas en la determinación adoptada por el juzgado militar que conoció inicialmente el caso.
Con la decisión de segunda instancia, el expediente deberá continuar su trámite y los investigadores tendrán que establecer si las actuaciones —o eventuales omisiones— de Gómez Velasco tuvieron alguna relevancia frente a las circunstancias de seguridad que rodearon el atentado.
Las dudas sobre el esquema de seguridad Uno de los puntos que deberá volver a ser examinado es la preparación del esquema de protección para el evento en el que ocurrió el ataque.
En primera instancia, el juzgado militar había considerado que el esquema de seguridad del senador tenía capacidades limitadas y que la información relacionada con la agenda del evento habría sido comunicada de manera tardía al equipo encargado de su protección. Esos elementos habían sido utilizados como parte de los argumentos para cerrar la investigación contra Gómez Velasco.
Sin embargo, la Procuraduría cuestionó esa determinación y llevó el caso ante el Tribunal Superior Militar y Policial, que terminó anulando la decisión de primera instancia.
Ahora, la investigación deberá establecer qué información recibió el jefe del esquema, cuándo la recibió, qué gestiones realizó a partir de esa información y si existieron actuaciones que debieron ejecutarse y no se realizaron.
El punto central será determinar si esas eventuales omisiones pueden tener relevancia penal y si encajan en el delito que es objeto de investigación.
La reapertura del expediente no significa que Gómez Velasco haya sido declarado responsable. Se trata de la continuación de una investigación que deberá determinar si existió o no una conducta penalmente relevante.
El contacto “escolta senador”
La Fiscalía, junto con su equipo investigador, avanza en establecer quién es la persona que aparece registrada en el teléfono de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o “El Costeño”, condenado por magnicidio de Miguel Uribe, bajo el nombre de “escolta senador” o “escolta del senador”.
La investigación busca determinar si este contacto habría servido para facilitar información privilegiada a los criminales que participaron en la planeación y ejecución del atentado contra el exsenador Uribe Turbay, o si, por el contrario, el registro pudo haber sido utilizado para crear una falsa apariencia de acceso al esquema de seguridad y eventualmente desviar la investigación.
Uno de los principales objetivos de los investigadores, según se conoció, es establecer si efectivamente existieron comunicaciones entre ese contacto y Arteaga, quién utilizaba el número, qué información pudo haber sido suministrada y si hubo algún tipo de contraprestación económica.
La importancia del contacto no está únicamente en el nombre con el que aparecía guardado.
Lo que encendió las alarmas de los investigadores fue el relato de uno de los menores vinculados a la estructura criminal, de acuerdo a dos de los expedientes del caso a los que accedió EL COLOMBIANO.
El testigo citado aseguró a los investigadores haber presenciado una comunicación entre alias Chipi y esa persona donde el cabecilla hablaba de información que, según él, procedía de alguien cercano al esquema de seguridad del exprecandidato presidencial Miguel Uribe, que habría servido de informante con la Segunda Marquetalia, la organización disidente de Farc señalada por la Fiscalía de estar detrás del magnicidio.
El episodio más concreto ocurrió, según el testimonio incorporado al expediente de alias El Viejo conocido por este diario, en mayo de 2025, antes del atentado.
El menor conocido como “Churco”, quien entregó a las autoridades su teléfono Oppo A58, integrante de la estructura que se preparaba para ejecutar el ataque, contó que se encontraba con “Chipi” en un taller de motocicletas en Engativá.
En determinado momento, el cabecilla realizó una comunicación por WhatsApp con un contacto identificado como “escolta, senador”. La conversación fue extraordinariamente breve.
De acuerdo con el relato, el interlocutor respondió rápidamente y pronunció únicamente una frase: “Hay manifestaciones”. Después de esas palabras, la comunicación terminó.
