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Por: Santiago Yepes Vidal
Así lo confirmó Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Además, señaló que fue informado del traslado de 103 cabecillas que estaban recluidos en este centro penitenciario.
A través de su cuenta oficial de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó ayer el traslado de 103 cabecillas que estaban recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, a otros centros penitenciarios del país, y destacó que entre ellos están algunos de los más temidos jefes de las bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes a su vez han hecho parte de la llamada mesa de paz urbana liderada, en su momento, por emisarios directos del expresidente Gustavo Petro.
Dicha información se conoció en medio de un amplio despliegue del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los alrededores del mencionado penal. Una caravana de vehículos del organismo fue registrada en la zona, mientras en Cali se desarrollaba la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.
Fuentes cercanas a los internos le indicaron a EL COLOMBIANO que desde la noche del jueves varios de los capos habían sido advertidos de que debían estar preparados para un “trasteo”.
Además, este diario conoció, a través de fuentes allegadas al Gobierno entrante, que la medida no se limitaría a uno o varios integrantes de la mesa, pues la intención pasa por trasladar a todos los cabecillas que mantenían diálogos con el Gobierno saliente. La operación también estaría enfocada en los presos considerados de alto perfil y de nivel uno que están recluidos en otras cárceles del país.
¿Quiénes son los capos trasladados?
En abril de este año se conoció que la Fiscalía había suspendido órdenes de captura contra 23 integrantes de la llamada mesa de diálogo sociojurídico que funcionaba en la cárcel de Itagüí, aunque esa decisión no significó que todos quedaran en libertad. De los 23, 16 permanecían recluidos en ese centro penitenciario.
Entre los nombres más reconocidos aparecen alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’, quienes, según el gobernador Rendón, hacen parte de los 103 cabecillas trasladados este 7 de agosto. Medios de comunicación nacionales indicaron que también habría sido reubicado el exparamilitar Hernán Giraldo.
Otros, de quienes hasta el cierre de esta edición no se tenía conocimiento si fueron movidos o no, son alias ‘Tom’, ‘Vallejo’, ‘El Compa’, ‘Grande Pa’, ‘Lindolfo’ y ‘Juan 23’, todos señalados por las autoridades de tener posiciones de mando dentro de diferentes organizaciones criminales del Valle de Aburrá.
Sin duda, uno de los casos que genera especial atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, identificado como uno de los principales cabecillas de la banda La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado.
Douglas también ha estado en el centro de las discusiones recientes por su estado de salud. Fuentes conocedoras de su situación señalaron que, pese a tener la salvaguarda de una tutela para no ser traslado mientras se sometía a tratamientos médico, lo habrían incluido del grupo que fue movilizado.
El caso de Douglas ya había generado movimientos penitenciarios durante este año. En abril, por ejemplo, fue llevado desde la cárcel de Itagüí a una clínica de Medellín debido a complicaciones de salud. Tendría diabetes y una grave enfermedad pulmonar.
Una cárcel rodeada de polémica
La decisión de trasladar a los cabecillas llega después de varios meses en los que la cárcel La Paz ha estado en el centro de diferentes controversias.
Uno de los episodios que más ruido generó ocurrió el 21 de junio de 2025, cuando varios de los jefes de bandas salieron para acompañar un acto encabezado por el entonces presidente Petro en el centro administrativo La Alpujarra.
También en abril pasado se conocieron imágenes de un concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro del penal, en un evento al que habrían asistido varios de los cabecillas de la mesa de paz urbana.
Las imágenes mostraron al artista interpretando sus canciones dentro del establecimiento, en un ambiente que generó cuestionamientos por las condiciones en las que se desarrolló la actividad, según las denuncias, con licor en abundancia, alimentos contratados y cerca de un centenar de invitados externos.
El Inpec aseguró que el evento no había sido autorizado y abrió investigaciones, mientras la Procuraduría inició una indagación por las posibles irregularidades.
El escándalo tuvo además consecuencias sobre la propia mesa de conversaciones. La delegación del Gobierno anunció entonces la suspensión temporal de los diálogos con los voceros de las estructuras criminales mientras se aclaraba lo ocurrido, si bien después los descongeló.
La polémica se sumó a otros cuestionamientos que ya venían rodeando a los cabecillas, entre ellos la suspensión y posterior reactivación de órdenes de captura para varios de ellos.
Hace menos de una semana, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, guardias del Inpec que estuvieron presentes en medio de la polémica “parranda vallenata”, reconocieron su responsabilidad ante la Procuraduría. Según las investigaciones, los funcionarios omitieron registrar los vehículos y personas y hacer las anotaciones obligatorias en los libros de control de la cárcel.
El supuesto “plan de fuga”
También, a mediados de julio, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, denunció ante la Fiscalía un supuesto plan para sacar de la cárcel de Itagüí a varios cabecillas antes de la posesión del nuevo presidente, quien había anunciado desde su campaña política que si llegaba a la Casa de Nariño suspendería todos los diálogos con grupos ilegales que emprendió el gobierno Petro dentro de su estrategia de Paz Total y allí estaban incluidos los de la cárcel de Itagüí.
Según esa denuncia, el eventual plan habría contado con apoyo logístico externo y estaría dirigido a integrantes de la mesa de paz urbana. Debido a eso hubo llamados a reforzar la seguridad alrededor del penal y aumentó la presión sobre las autoridades encargadas de la custodia de los internos.
Semanas después de aquella alerta, la presencia de una amplia operación del Inpec y el eventual traslado de los cabecillas vuelven a poner la cárcel de Itagüí en el centro de la discusión.
El desenlace de los traslados y la continuidad o no del proceso de diálogo serán dos de los primeros asuntos que tendrán que definirse en los próximos días del nuevo Gobierno, ahora, en cabeza de Abelardo de la Espriella.
Alcalde Federico Gutiérrez habló desde Cali
Minutos antes de salir rumbo a Medellín tras la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió al traslado de los cabecillas que permanecían recluidos en la cárcel de Itagüí.
“Se les acabó la fiesta a los criminales”, sostuvo Gutiérrez, al insistir en que los jefes de estructuras criminales no deberían recibir condiciones especiales de reclusión ni beneficios derivados de los acercamientos con el Estado.
A su vez, señaló que espera que este traslado permita recuperar el control institucional sobre el establecimiento penitenciario lo antes posible.
