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Pie de foto, La aprobación de la eutanasia en muchos países ha llegado después de encendidas campañas en pro y en contra de la ley.
Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 31 años, murió por eutanasia el 9 de julio tras sufrir casi una década de una profunda depresión, ansiedad y dolor psicológico que intentó aliviar con años de psicoterapia, innumerables esquemas farmacológicos y procedimientos electroconvulsivos sin resultado.
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- Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
Pero no era así como quería terminar su vida.
En lugar de la eutanasia, donde el fármaco que produce la muerte es administrado por un médico, Catalina había solicitado morir por suicidio con asistencia médica, una figura jurídica que le permite a la persona acceso a un fármaco que ella misma se administra bajo acompañamiento médico.
En una entrevista con la cadena de noticias Caracol, en Colombia, Catalina argumentó que el suicidio médicamente asistido era el camino que encontró para ponerle fin a su vida de una manera no violenta y menos traumática para su familia.
«Tal vez de esta manera ocasione el menor sufrimiento posible. Tal vez de esta manera ella me pueden acompañar en el proceso», expresó.
«Creo que esta es una manera más amable y más amorosa posible», continuó. «Para mí, pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, un acto de amor conmigo misma pero un acto sobre todo de amor con mi familia».
Pero Catalina se tropezó con una serie de bloqueos institucionales que le impidieron cumplir con su deseo y se vio enfrascada en una cruzada jurídica para reclamar su derecho.
Falta de reglas claras
Colombia fue el primer país en América Latina, y uno de solo 10 en el mundo, donde es legal la práctica de la eutanasia. Sin embargo, la asistencia médica al suicidio no ha sido regulada. Es decir, no existen unas reglas claras para que los médicos la realicen.
Catalina había recurrido a la figura de la asistencia médica al suicidio porque su solicitud inicial de eutanasia le fue negada por su EPS (entidad promotora de la salud que asegura a los usuarios y administra los recursos).
El argumento fue que ella no tenía una enfermedad grave e incurable que le producía un sufrimiento físico o psicológico que no era compatible con la idea de una vida digna, como establece el reglamento, y que había tratamientos disponibles.
Tras insistir en que sus síntomas no habían mejorado pese a seguir múltiples tratamientos de acuerdo con las indicaciones de sus médicos durante años, Catalina buscó la asesoría del abogado Lucas Correa Montoya para poder terminar con su vida de forma digna, asistida por los médicos.
Tras 10 meses de reclamos, tutelas, fallos en contra, bloqueos institucionales y lo que el abogado Correa llamó «una tormenta perfecta de negligencia» en la que ni el Congreso, ni el Ministerio de Salud, ni el mismo sistema de salud tenía «las reglas para llevar a cabo el procedimiento», Catalina Giraldo accedió a la eutanasia, esperando una decisión que nunca llegó.
La batalla judicial en la Corte Constitucional se mantiene para que el suicidio médicamente asistido sea reglamentado como una alternativa al derecho de morir dignamente.
«Barreras en el sistema»
En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, pero solo se convirtió en ley en 2015, siendo el primer país de América Latina en permitirla.
Desde entonces se han llevado a cabo 157 procesos.
En julio de 2021, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» por causa de una lesión o enfermedad incurable.
Desde que fue promulgada la ley de eutanasia en Colombia, el Ministerio de Salud estableció los lineamientos para regular el derecho a la muerte digna.
La ayuda para morir debe prestarla «un profesional de la medicina» con la autorización de un «comité científico-interdisciplinario».
Sin embargo, Colombia también cuenta con una figura llamada libertad de conciencia que les permite a los médicos no realizar el procedimiento si este va en contra de sus creencias personales.
De acuerdo con el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el país «todavía existen barreras dentro del sistema de salud que no permiten que el ejercicio del derecho fluya con normalidad».
Estos son los otros nueve países donde es legal la eutanasia activa.
1. Países Bajos
Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaran diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a la legislación.
En 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia.
El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requería que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad.
2. Bélgica
Poco más de un mes después de la aprobación en Países Bajos, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido.
Fue también, años después, el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal.
3. Luxemburgo
El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009.
Los pacientes terminales tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de dos médicos y un panel de expertos.
4. Canadá
La eutanasia en Canadá es llamada «asistencia médica para morir» y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio de 2016.
El país establece estrictos requisitos, que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento.
5. Nueva Zelanda
El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a las boletas de las elecciones generales a finales de 2020.
La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que la ley entrara en vigor el 6 de noviembre de 2021, doce meses después del recuento final de votos.
Quienes soliciten la eutanasia deben tener 18 años y necesitan la aprobación de dos médicos.
6. España
España aprobó la ley de eutanasia en marzo de 2021 tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones.
A pesar de su tradición católica, España aprobó una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).
Como en muchos de los otros países donde fue aprobada antes, en España la ley requiere que el solicitante sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento «grave, crónico e imposibilitante» que cause un «sufrimiento intolerable».
En 2024, se dio el caso de Noelia Castillo Ramos, una joven española que, a pesar de recibir el aval unánime de los expertos para acceder a la eutanasia, tuvo que esperar dos años porque su padre interpuso un recurso para frenar el procedimiento alegando que Noelia sufría de problemas de salud mental.
Noelia tuvo que recurrir a los tribunales una y otra vez. Hubo hasta cinco instancias judiciales y en todas le dieron la razón. Es un caso paradigmático ya que fue el primero que llegó a los tribunales después de la aprobación de la ley de eutanasia en España.
7. Portugal
Desde 2023, los portugueses tienen derecho legal a solicitar la eutanasia.
Pero al no haber una reglamentación específica al respecto para aplicarla, esto que hace la ley no sea muy útil en la práctica.
Pero además, a petición de varios diputados conservadores y de la Proveedora de la Justicia (equivalente al Defensor del Pueblo), el Tribunal Constitucional de este país examinó el texto y vetó varios puntos en 2025.
8. Uruguay
Uruguay se sumó en octubre de 2025 a la lista de países donde está permitida la eutanasia.
20 de los 31 legisladores presentes votaron a favor del proyecto de «Ley de Muerte digna» tras un recorrido legislativo que duró cinco años.
Según la consultora Cifra, el 62% de los uruguayos estaba a favor de esta ley, aunque contaba con el rechazo de grupo católicos y algunos sectores conservadores de la sociedad uruguaya.
El texto aprobado permite que adultos psíquicamente aptos en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o que padezcan un sufrimiento insoportable, tengan la opción de elegir la eutanasia y que esta sea realizada por un profesional de la salud.
9. Ecuador
En el país andino fue emblemático el caso de Paola Roldán, paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Desde 2020, Roldán emprendió una emprendió una campaña de sensibilización a favor de las personas que sufren esta rara enfermedad, que afecta a dos de cada 100.000 personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Hasta que finalmente introdujo una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador, para pedir que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con penas de entre 10 y 13 años de prisión el homicidio simple, incluyendo los actos de eutanasia.
Tras una larga batalla legal y varios meses de deliberación, en febrero de 2024 la Corte Constitucional le dio la razón y emitió un fallo favorable a su demanda.
Paola Roldán falleció 4 días después.
De esta forma, Ecuador se convirtió en el noveno país del mundo en despenalizar la muerte asistida en circunstancias extremas.
Ahora, dos años después, la Asamblea Nacional de Ecuador inició este mes de marzo el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, con el objetivo de regular el acceso a una muerte digna en el país.
Qué pasa en el resto de América Latina
En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, un tribunal falló en 2021 a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padecía polimiositis, una enfermedad rara y degenerativa, y que reclamaba su derecho a una muerte digna.
Su caso se considera como una excepción.
En México, la eutanasia no es legal y varios proyectos de ley para autorizarla han sido rechazados en el Congreso, pero en Ciudad de México y estados como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Yucatán, entre otros, se permite que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos, algo que algunos conocen como «eutanasia pasiva».
La situación es similar en Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.
En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.
En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de Muerte digna y cuidados paliativos que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.
En Cuba, a finales de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la muerte digna como parte de una legislación que actualiza el marco legal del país para su sistema de salud universal y gratuito.
«Se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna, mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes válidos que finalicen la vida», decía el borrador final de la legislación.
El doctor Alberto Roque, del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, le dijo a la agencia Reuters que la medida establece el «marco legal para la futura eutanasia en cualquiera de sus modalidades, es decir, eutanasia activa o suicidio asistido».
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