FOTO: Juan Antonio Sánchez
El ente de control entregó los resultados de una investigación abierta al megaproyecto y lo traslado de hallazgos a la Contraloría de Medellín.
La Contraloría General de Antioquia entregó este lunes los resultados de una investigación que le abrió al proyecto de Hidroituango para establecer si el cambio de contratistas ordenado durante la alcaldía de Daniel Quintero le hizo perder plata al Distrito de Medellín y al departamento de Antioquia.
El ente de control concluyó que, si bien no encontró un detrimento patrimonial que hubiera afectado a la Sociedad Hidroituango, sí sostuvo encontrar un posible detrimento de $108.585 millones para EPM, derivado de presuntas falencias de planeación.
Dado que EPM no es un sujeto de control para la Contraloría de Antioquia, el ente trasladó ese hallazgo a la Contraloría Distrital de Medellín, para que desde ese ente se asuma la investigación y se establezca si hay lugar a actuaciones.
“Nosotros revisamos qué ocurrió en el cambio de contratista durante el año 2022-2023. Encontramos que hay un posible hallazgo de responsabilidad fiscal para EPM que tendrá que ser investigado por la Contraloría Distrital de Medellín, no por nosotros, y dos hallazgos administrativos frente a los cuales se están adelantando los respectivos planes de mejoramiento sin ninguna incidencia fiscal para Hidroituango”, expresó el contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.
La apertura de la investigación sobre Hidroituango se hizo pública en febrero de 2026, cuando la Contraloría de Antioquia informó del inicio de una actuación especial de fiscalización.
El ente departamental advirtió entonces ver con prevención que el presupuesto de las obras finales de esa hidroeléctrica, que comprenden los últimos trabajos para la puesta en marcha de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, pasara presuntamente de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que, al parecer, se evidenciara una “variación proporcional del alcance técnico de las obras”.
Las pesquisas se centraban en una solicitud formulada por la abogada Gloria Jaramillo, concida en redes sociales como Tyche, quien pidió por escrito esclarecer si ese contrato no había golpeado las arcas de la Alcaldía y la Gobernación.
Además de esa variación en el presupuesto, la abogada había pedido revisar si se habría generado un lucro cesante que también fuera objeto de entrar en esos procesos de reclamación.
“Estos hechos configuran indicios serios de un posible detrimento patrimonial, derivado no de un evento fortuito, sino de decisiones administrativas y contractuales específicas, adoptadas por la alta dirección de EPM y la junta directiva de Hidroituango ESP, bajo la presidencia del alcalde de Medellín para el periodo correspondiente”, dijo entonces.
Vale recordar que este proceso de contratación fue objeto de una dura controversia durante la alcaldía de Daniel Quintero y fue cuestionado por expertos y firmas, que señalaron que sacar a los constructores originales de la hidroeléctrica incrementaría los tiempos de culminación de la obra y podría afectar la trazabilidad de la información de lo realizado en el complejo, sobre todo a raíz de la emergencia ocurrida en 2018.
Contra toda recomendación, la Alcaldía siguió adelante con esos planes y tras múltiples afugias, incluida una licitación que se cayó, terminó sacando de la hidroeléctrica a los constructores originales – en un consorcio integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa– y entregó los trabajos finales a un consorcio liderado por una firma china.
“La intervención que estamos haciendo en Hidroituango se llama actuación especial de fiscalización, es una figura que trae la ley y que determina el artículo 172 de la Constitución para que en aquellos casos donde probablemente se avizore la pérdida de algún recurso estatal”, explicó en diálogo con este diario en abril pasado el contralor Herrera.
Según anticipó el contralor entonces, dado que ese ente no tenía competencia sobre EPM, las pesquisas se centraban en revisar los documentos contractuales y ver las decisiones que había adoptado la Sociedad Hidroituango –propietaria del proyecto y compuesta por el Idea y EPM– con miras a encontrar responsabilidades.
De acuerdo con lo expresado por la Contraloría este lunes, en esa investigación se estableció que no habría ocurrido afectación alguna a la sociedad en la que tiene participación la Gobernación, pero sí presuntas inconsistencias para la EPM de la era de Quintero.
“Se observó una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para las obras finales del proyecto y el cambio de contratista por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) –sujeto de control de la Contraloría Distrital de Medellín–, estableciéndose un presunto detrimento patrimonial para EPM, representado en mayores cantidades y valores adjudicados con relación al presupuesto de referencia, en cuantía de $108.585 millones”, expresó la Contraloría.
Por otro lado, la Contraloría también aseguró haber encontrado otros dos hallazgos administrativos sobre la sociedad, uno asociado a una oportunidad perdida entre 2022 y 2023 para emprender reclamaciones judiciales derivadas del contrato tipo Boomt firmado por EPM y también una presunta omisión “en la actualización del modelo financiero durante el primer trimestre de 2026”.
