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EL COLOMBIANO conoció detalles del expediente. ¿Por qué la Fiscalía mantiene suspendida la órden de captura contra alias Calarcá a pesar de conocer esta y otras denuncias?
Desde 2018, la Fiscalía mantiene un proceso abierto contra los cabecillas de las disidencias de las Farc-EP alias Jhon 40, Iván Mordisco y Calarcá por el reclutamiento y utilización de al menos 100 menores de edad en actividades delictivas y militares.
Se trata de un expediente donde también está vinculado el extinto jefe disidente alias Gentil Duarte y está relacionado con el reclutamiento de 100 menores de edad, que se tramita en un juzgado de Villavicencio bajo la investigación liderada por la fiscal 3 Especializada de Bogotá, Lizbeth Lorena Calderón Parejo.
Según el ente acusador, niños y adolescentes fueron reclutados y obligados a cumplir funciones dentro de la organización, que iban desde labores logísticas, como cocinar o transportar provisiones, hasta actividades directamente relacionadas con el conflicto armado, como el uso de armas, el traslado de cocaína y la instalación de artefactos explosivos.
La Fiscalía, en el escrito de acusación de 105 páginas, consignó que “Miguel Botache Santanilla (‘Gentil Duarte’); Géner García Molina (‘Jhon 40’), Néstor Gregorio Vera (‘Iván Mordisco’) y Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), como comandantes y líderes de las estructuras de FARC-EP y el Grupo Armado Organizado Residual vincularon, durante el periodo 2007 a junio de 2019 a 100 menores de edad en los departamentos de Nariño, Meta, Guaviare, Putumayo, Cagueta Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Huila, Cauca, Vaupés, Valle del cauca, Vichada, Guainía y Boyacá”.
El ente acusador explica que los menores de edad reclutados fueron divididos en tres grupos dependiendo la temporalidad de su ingreso y el grupo armado organizado al cual ingresaron.
“El primer grupo corresponde a los menores que fueron vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Farc-EP y que su desvinculación se dio en este mismo grupo; el segundo grupo de menores corresponde a quienes no se les permitió desmovilizarse con ocasión a los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las FARC-EP y por el contrario continuaron siendo víctimas a manos de los integrantes del Grupo Armado Organizado residual y el tercer grupo conformado por los menores cuya vinculación se dio después del 1 de diciembre de 2016 directamente al Grupo Armado Organizado residual”, se lee en el documento incorporado al expediente al que accedió EL COLOMBIANO.
El proceso judicial contra los cabecillas de las disidencias se activó formalmente el 24 de octubre de 2018, y solo hasta ahora se encuentra en etapa de juicio.
¿Dónde ocurrieron los reclutamientos?
Los reclutamientos de los 100 menores de edad documentados en la acusación se llevaron a cabo en diversos departamentos y en zonas fronterizas, principalmente en Nariño (20 hechos), Meta (19 hechos) y Guaviare (12 hechos).
También se registraron casos en Putumayo (9), Caquetá (8), Antioquia (6) y Arauca (5). Hubo reclutamientos en Norte de Santander, Huila, Cauca y Vaupés (3 hechos en cada uno), Valle del Cauca (2 hechos), y un hecho registrado en cada uno de los departamentos de Vichada, Guainía y Boyacá.
Según el expediente, al que accedió EL COLOMBIANO en primicia, se identificaron dos hechos en la zona limítrofe entre Colombia y Perú (específicamente en el departamento de Putumayo) y un hecho en la zona limítrofe con Venezuela, en el estado de Apure.
Para el caso de los menores vinculados directamente a las disidencias de las Farc, esto después del acuerdo de paz de 2016, se destacan zonas como Jamundí (Valle del Cauca), desde donde se desvinculó el último menor reportado en la ciudad de Cali.
Además, se menciona que esas llamadas “estructuras residuales” ejercen control territorial y realizan estas actividades en veredas de difícil acceso de departamentos como Meta, Caquetá, Arauca, Nariño, Cauca y Antioquia.
Aunque la Fiscalía mantiene abierto el proceso judicial contra los cabecillas disidentes de las Farc, este lunes decidió mantener suspendida la orden de captura contra Alexander Díaz, alias Calarcá, señalado de continuar su actividad delictiva pese a las negociaciones de paz con el Gobierno.
En cuanto a ‘Mordisco’, jefe máximo del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, el Gobierno ha lanzado una persecución frontal contra su estructura en el Guaviare y por poco lo capturan o le dan de baja.
Ha sobrevivido a dos bombardeos del Ejército, el más reciente hace una semana, en el que las autoridades abatieron a siete disidentes de su círculo más cercano, entre ellos su pareja, alias Lorena.
No es la primera vez que se busca darle el golpe definitivo: en 2022, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que ‘Mordisco’ había muerto en Caquetá junto a otros nueve disidentes.
Sin embargo, reapareció pocos meses después, en abril de 2023, en un evento donde también estuvo ‘Calarcá’, antes de que las disidencias se dividieran.
Actualmente, sobre alias Iván ‘Mordisco’ las autoridades mantienen una recompensa superior a los $4.000 millones de pesos, reafirmando su estatus como objetivo prioritario de la seguridad nacional.
Ese mismo valor piden por la captura de alias Jhon 40, señalado de ser el principal financista de la Segunda Marquetalia. Su acción está principalmente en el “triángulo” selvático entre los departamentos de Guainía y Vichada, y los estados de Amazonas y Apure en Venezuela.
Los casos de reclutamiento
Los hechos se concentran principalmente en el periodo entre enero de 2007 y el 11 de junio de 2019, fecha en la que se desvinculó al último menor en la ciudad de Cali.
En el escrito de acusación también se afirma que los hechos delictivos relacionados con el reclutamiento se extienden de manera más amplia, incluso desde 2003.
Los imputados son acusados de rebelión agravada y concierto para delinquir agravado, así como de reclutamiento ilícito de menores y uso de menores para la comisión de delitos.
Además, se les atribuye utilización ilegal de uniformes e insignias, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas y municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o explosivos.
Para efectos de calificación jurídica, la Fiscalía ha dividido los hechos en dos grandes bloques. El primero comprende desde 2007, con la entrada en vigencia de la Ley 906 en los Llanos Orientales, hasta el 30 de noviembre de 2016.
Durante este periodo, específicamente entre 2003 y noviembre de 2016, se documentó la vinculación de 59 menores de edad.
El ente acusador también ha encontrado en la investigación que los menores de edad fueron usados para cometer distintos delitos ordenados por los disidentes de las Farc.
Estas prácticas, según las pesquisas, se desarrollaban en un entorno de disciplina violenta, donde la deserción podía ser castigada con la muerte mediante mecanismos internos conocidos como “consejos de guerra”.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que estas estructuras conservaron elementos organizativos de las antiguas FARC luego del proceso de 2016. Es decir, mantuvieron jerarquías, reglamentos y símbolos, y por supuesto, su sostenimiento económico de economías ilícitas.
Entre ellas se destacan el cobro de un impuesto por kilo de base de coca y la extorsión sistemática a sectores como el ganadero y el comercio, generando ingresos mensuales significativos para financiar sus operaciones.
Así fueron reclutados los 100 menores de edad
El reclutamiento de los 100 menores, casos por los que están en juicio alias Calarcá, ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon 40’ y el extinto ‘Gentil Duarte’, se materializó a través de tres prácticas principales.
La primera de ellas consistía en realizar ofertas falsas de trabajo prometiendo mejoras económicas y sociales. A los menores se les aseguraba que podrían desistir y retirarse en cualquier momento, lo cual resultaba ser falso.
Esta fue la práctica más común, afectando a 25 menores obligados a engrosar las filas de 16 en grupos disidentes.
Además, para la Fiscalía, se utilizaba la coacción mediante amenazas contra la integridad física del menor o de los integrantes de su núcleo familiar.
En varios casos, los menores fueron retenidos forzadamente con el único objetivo de incrementar el pie de fuerza de la organización. Bajo esta modalidad se registraron 8 casos en las FARC-EP y 7 en los GAOr.
Basada en una estrategia de organización de masas, los grupos utilizaban un discurso de “lucha armada” y “reivindicación social de las clases menos favorecidas” para atraer a los menores en sus regiones de dominio.
Para esto, se realizaban reuniones donde integrantes con rol “político” buscaban convencer a los pobladores, momento en el cual se presentaban las solicitudes de ingreso por parte de los jóvenes.
También se le atribuye la creación del denominado “Frente Tercero”, una unidad enfocada principalmente en la obtención de recursos mediante extorsión a economías locales.
La Fiscalía lo señala, además, como responsable de mantener y supervisar la política de reclutamiento de menores dentro de la organización, incluyendo su entrenamiento en el uso de armamento y su participación en acciones contra la Fuerza Pública.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántos menores fueron reclutados por las disidencias?
- Al menos 100 casos documentados por la Fiscalía en diferentes regiones del país.
- ¿Cómo reclutaban a los menores?
- Mediante engaños con falsas promesas, amenazas a familias y discursos ideológicos.
- ¿Para qué eran utilizados los menores?
- Para labores logísticas y acciones armadas dentro del conflicto.
