Paro campesino en Tierralta.
Organizaciones campesinas de Tierralta anunciaron un cierre de vía pacífico e indefinido desde el martes 24 de marzo. Protestan por la persistente vulneración de sus derechos fundamentales, exigiendo acceso a la tierra, trabajo digno y seguridad alimentaria, además de una respuesta efectiva a la emergencia invernal y el manejo de Urrá.
Organizaciones sociales campesinas del municipio de Tierralta anunciaron la realización de un cierre de vía pacífico a partir del martes 24 de marzo, como medida de protesta ante lo que califican como una persistente vulneración de sus derechos fundamentales.
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La movilización, que será de carácter indefinido, busca exigir garantías en el acceso a la tierra, el trabajo digno, la seguridad alimentaria y condiciones de vida adecuadas, derechos que —según las comunidades— han sido históricamente ignorados en el territorio.
A esta problemática estructural se suma la reciente emergencia invernal que afectó gravemente a la región, agravada —según denuncian— por el manejo de la hidroeléctrica Urrá. Las inundaciones provocaron la pérdida total de cultivos de pan coger, así como de producciones pecuarias, avícolas y acuícolas, impactando directamente la economía campesina y poniendo en riesgo el sustento de numerosas familias.
Las organizaciones también cuestionaron la respuesta institucional, que califican de insuficiente y tardía, señalando fallas en la identificación de los afectados y en la implementación de ayudas, lo que, aseguran, contraviene los principios de atención a poblaciones vulnerables.
Entre sus principales exigencias se encuentran el acceso real a la tierra, la implementación efectiva de la Ley 160 de 1994 y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), atención humanitaria inmediata para los damnificados y planes urgentes de reactivación productiva.
El llamado también está dirigido a entidades del orden nacional como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, así como a la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Tierralta, para que hagan presencia efectiva en el territorio con soluciones concretas.
Finalmente, las comunidades reiteraron que el cierre de vía es una acción legítima amparada por el derecho a la protesta social, e hicieron un llamado a las autoridades para abrir espacios de diálogo que permitan atender de fondo la crisis que enfrentan.
