FOTO: Cortesía Unidad de Víctimas
El municipio es uno de los 26 en alto riesgo en los que se pide la presencia urgente de la Fuerza Pública.
Con un cargamento de más de siete toneladas, las autoridades entregaron ayuda humanitaria a por lo menos 205 familias del Nordeste antioqueño que han tenido que encerrarse en sus viviendas para resguardarse de las confrontaciones entre grupos armados.
El despacho, a cargo de la Unidad para las Víctimas, se focalizó en los habitantes de las veredas Dosquebradas, Caño Tigre y Puerto Nuevo, del municipio de Remedios, que sufren de confinamiento por lo menos desde febrero pasado.
Según informó esa entidad, los kits no solamente incluyen alimentos, sino artículos de aseo y otros productos de primera necesidad.
Las familias confinadas, añadió la institución, son en su mayoría campesinos y mineros pequeños, que por cuenta de las confrontaciones no han podido trabajar durante los últimos meses.
El envío de esa ayuda humanitaria volvió a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad por la que atraviesan varias subregiones de Antioquia, afectadas por la guerra que libran grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
A finales de febrero pasado, a raíz de esa situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a hacer uso de la figura de la asistencia militar, para solicitar la presencia urgente de la Fuerza Pública en por lo menos 26 municipios considerados como en alto riesgo, incluido Remedios.
Dentro de los indicadores destacados por Rendón estaba un incremento del 260% en homicidios solamente entre enero y febrero de este año.
También se alertó de que en ambas subregiones se han incrementado los ataques con explosivos, campos minados y desplazamientos masivos, además de los ataques en contra de la Fuerza Pública, que dejaron un saldo de 25 miembros asesinados el año pasado y 50 heridos.
Una de las principales medidas solicitadas consistió en el levantamiento inmediato de las órdenes de captura en contra de los cabecillas que operan en la zona, principalmente de las disidencias de las Farc, pero también del Clan del Golfo y el ELN.
A renglón seguido, el Departamento también pidió priorizar las labores de aspersión con drones en dichas subregiones, para afectar las rentas ilegales de los grupos asentados allí.
El decreto instó a intensificar los operativos en contra de la minería ilegal, designar un comandante militar unificado para esta zona (es decir, que coordine tanto al Ejército como a la Policía) y dar luz verde para un plan de recompensas de hasta $500 millones en contra de los cabecillas.
