Luna Valentina depende de sus medicamentos cada día para evitar convulsiones. Foto panorámica: Alcaldía de Medellín /Cortesía
Profesora de Medellín denuncia caos en sistema de salud del magisterio.
Para Luna Valentina Suárez Cano, cada día sin sus medicamentos es como caminar en un laberinto sin salida: cualquier paso en falso desata convulsiones y riesgo de hospitalización. La joven de 22 años, con epilepsia refractaria y dependencia total, no habla ni puede moverse sin ayuda.
Su madre, la docente Inés Elena Cano, vive pendiente de cada dosis, sabiendo que un retraso significa emergencias que no admiten espera.
“Cuando suspenden o retrasan los medicamentos, mi hija se golpea, se muerde, convulsiona. Estabilizarla después es muy difícil”, relata la angustiada mamá.
Inés, quien es profesora de Medellín, cuenta que desde que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, cambió su modelo, acceder a los fármacos se volvió una odisea diaria. Entregas parciales, demoras y largas jornadas entre oficinas y farmacias marcan su rutina. Hace poco, Luna pasó tres días sin un medicamento esencial; las consecuencias fueron convulsiones y autolesiones que casi terminan en hospitalización.
Las tutelas y desacatos se han convertido en herramientas inevitables para garantizar derechos que deberían cumplirse automáticamente. “No es un favor, es un derecho”, repite Inés, mientras organiza la vida de su hija alrededor de horarios estrictos y medicinas que no pueden esperar.
“Tengo siete tutelas y más de 80 desacatos. No debería ser así. Todo debería estar a tiempo”, afirma.
Y añadió: “Si no le entregan los medicamentos, mi hija se descompensa. Y cuando se descompensa, su vida está en riesgo”, dice Inés.
Sindicatos del magisterio aseguran que la crisis afecta a muchos pacientes crónicos en el departamento. La llegada de una nueva vicepresidencia al FOMAG levantó expectativas, pero las barreras históricas persisten. Por esta razón, han pedido al vicepresidente Herman Bayona que brinde información más clara y detallada sobre pagos, la red de atención y la disponibilidad de servicios, argumentando que los datos generales no reflejan la situación real de los usuarios.
