En Córdoba más de 68.000 familias resultaron afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. FOTO Manuel Saldarriaga
El ente de control fiscal activó un “seguimiento especial” a los movimientos presupuestales y financieros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo destinados a atender a los más de 250.000 afectados.
Aunque agredece a Dios estar viva y se le encomienda para salir adelante, durante los últimos diez días Marnedis Ramos Llorente va a su casa en compañía de sus hijos a terminar de sacar el agua que inundó su casa en Montería (Córdoba). Pasa las noches donde un primo, que los acogió tras la emergencia.
Le cuenta a EL COLOMBIANO que, hasta ahora, no ha recibido ninguna ayuda de las autoridades de socorro del Gobierno Nacional. Entre los enseres que perdió con las inundaciones dice que se fueron una nevera, un televisor, una licuadora y un juego de muebles. Es una de las más de 68.000 familias afectadas por la emergencia climática en ese departamento, que dejó 40.000 hectáreas bajo el agua, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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“Si mi primo no nos hubiera podido prestar ayuda, no sé qué hubiera sido de nosotros. Estamos recogidos allá donde él”, narra al recordar que no pudo ubicarse con una de sus nietas, que tiene una discapacidad mental, en los albergues dispuestos para los damnificados, pues no estaban en condiciones para ella.
Estas son las historias que se encuentran en las zonas afectadas por la ola de lluvias en Colombia. Una emergencia para la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó una nueva emergencia económica para atenderla. Sin embargo, la Contraloría General de la República puso en duda el sustento de esa decisión porque plata sí tienen.
La alerta de la Contraloría
El ente de control fiscal aseguró que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones disponibles y reservas presupuestales de 2025 cercanas a $1 billón. Esa plata, advierte, podría utilizarse en la porción que no esté comprometida u obligada para atender a los damnificados por lluvias en el país.
Esa entidad activó un seguimiento “especial” a los recursos públicos destinados a la atención de los damnificados y a la recuperación de los daños ocasionados. Para eso, aseguró que requirió información “detallada” a la UNGRD sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la contingencia.
Adicionalmente, la Contraloría detalló que no solo realizará un seguimiento “estricto” a todos los movimientos presupuestales y financieros, sino también al paquete de medidas económicas y tributarias adoptadas en el marco del mencionado decreto.
“Hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo decreto de emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso”, anunciaron en un comunicado de prensa.
Entre otras medidas comunicadas, el personal de la Contraloría estaría participando en los Puestos de Mando Unificado (PMU) y en las Salas de Crisis en los territorios afectados. También se realizó verificación en terreno junto a personerías y veedurías ciudadanas “para supervisar la entrega de ayudas y la contratación necesaria para superar la emergencia”.
Obstáculos en la emergencia
El ente de control aseguró que el seguimiento que se ha venido adelantando ha permitido identificar desafíos en la coordinación entre municipios, departamentos y la UNGRD, “lo que impacta en la oportunidad en la atención” para las familias damnificadas.
También sostuvieron que hay zonas del país donde todavía no llegan ayudas humanitarias. Incluso, que algunos municipios no han reportado el listado oficial de afectados, “dificultando dimensionar la respuesta y agilizar la respuesta institucional”.
Por otro lado, se supo que en 2023 advirtieron a la UNGRD por la baja ejecución de recursos del decreto 2113 de 2022, que declaró en su momento la “existencia de una Situación de Desastre de carácter nacional en todo el territorio nacional por el término de 12 meses”.
En ese alerta se citaban diferentes situaciones como el paso del huracán Julia por La Guajira y San Andrés y la afectación de “21 departamentos y 390 municipios” por el fenómeno de La Niña. Además, existen cinco procesos de responsabilidad fiscal por $62.389 millones relacionados con hechos en Puerto Boyacá, Tolima y La Mojana.
¿Cómo sigue la emergencia?
El último corte del 14 de febrero de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 94.431 familias, equivalentes a 254.531 personas, afectadas por las fuertes lluvias en diferentes regiones.
El informe señala que se han reportado 149 emergencias en más de cien municipios. El balance preliminar da cuenta de al menos 17 personas fallecidas, 11.216 hectáreas inundadas, 18.232 viviendas averiadas y 4.099 viviendas destruidas.
Después de Córdoba, donde Marnedis Ramos intenta continuar con su vida, los departamentos con mayor número de familias afectadas, según el reporte oficial, son La Guajira (11.286), Antioquia (3.886), Chocó (3.393) y Sucre (1.562). En esta última región, el desbordamiento de los ríos Cauca y San Jorge mantiene en alerta máxima a comunidades de La Mojana y el San Jorge.
“Acá estamos esperando a ver qué ayuda nos dan porque, de igual forma, yo soy viuda, no tengo refugio y apenas tengo el de mis dos hijos. En la casa nos subió el agua como un metro y medio”, añade doña Marnedis.
La UNGRD reaccionó a la advertencia de la Contraloría y expresó a través de sus redes sociales que “los recursos de vigencias anteriores del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tienen destinación específica y respaldan compromisos jurídicos adquiridos en años anteriores. NO están disponibles” y que “no se puede desconocer la naturaleza técnica del FNGRD”.
El director de esa entidad, Carlos Carrillo, le dijo a este diario que mañana sostendrá una reunión con la Contraloría para abordar el tema.
Los canales oficiales de ayuda para los damnificados por la emergencia son as alcaldías y gobernaciones, a través de sus Concejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo, y los Puestos de Mando Unificado (PMU).
La alerta por brote de enfermedades
La Asociación Colombiana de Infectología (Acin) advirtió la semana pasada que la emergencia climática en Córdoba no solo deja daños materiales, sino que también abre la puerta a brotes asociados al agua contaminada, la proliferación de vectores y el hacinamiento en albergues temporales.
Esa explicó que las inundaciones provocan contaminación de fuentes de agua potable por aguas residuales y desechos, desbordamiento de alcantarillados y aumento de la presencia de roedores. A esto se suma el desplazamiento de familias hacia refugios, donde el hacinamiento favorece la transmisión de infecciones respiratorias y cutáneas, así como la interrupción de programas de vacunación y controles epidemiológicos.
