El aumento del salario mínimo en 2025 se dará por decreto presidencial.
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo del 23.7 %. A través de su cuenta en X, el mandatario defendió la legalidad de su decreto, asegurando que el concepto de salario vital es un mandato de la Constitución y que la medida judicial pone en riesgo el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
«Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución», afirmó el jefe de Estado, quien calificó de «anticonstitucional» cualquier intento de disminuir la demanda de alimentos vitales en el país. Según el presidente, reducir el impacto del salario en las actuales circunstancias detendría la economía nacional y aumentaría indicadores críticos como el hambre y la desnutrición infantil.
Como respuesta inmediata a la orden del magistrado Juan Camilo Morales, Petro instruyó al ministro de Trabajo para adelantar una reunión de concertación de urgencia. El objetivo es redactar el nuevo decreto transitorio solicitado por el tribunal, pero bajo una premisa inamovible: el respeto a los derechos del pueblo trabajador.
Asimismo, el mandatario hizo un llamado a la coordinación de movimientos sociales para estudiar la postura del Gobierno y solicitó al «pueblo trabajador» expresarse sobre el asunto. Petro enfatizó que el Poder Judicial debe reconocer que su administración se debe al voto popular y al cumplimiento de la carta magna.
El presidente argumentó que las últimas mediciones económicas demuestran que el aumento del 23.7 % ha tenido una incidencia marginal en el incremento de precios de alimentos. En su análisis, el verdadero riesgo para el empleo y la inflación en Colombia radica en el alza de las tasas de interés y no en el fortalecimiento del ingreso mínimo.
«El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político», advirtió el mandatario.
Finalmente, Gustavo Petro reiteró su invitación a construir un «pacto social de la vida y de la paz». Para el Ejecutivo, la suspensión del decreto 1469 de 2025 es una medida con carácter «antisocial» que busca anular las prerrogativas del Gobierno en materia salarial, afectando la dignidad de quienes devengan el mínimo.
El decreto de salario vital es ordenado por la constitución.
Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él
Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las ordenes de… https://t.co/DVsUSGPH9D
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2026
