Cortesía: Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social
POR: Susana Arcila Jiménez
Por convenio de 654 millones, se investiga si el contrato firmado en 2022 se celebró pese a una prohibición legal.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos —es decir, la acusación formal dentro de un proceso disciplinario— contra el exalcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y contra quien fue su secretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata Cano.
Esto por presuntas irregularidades en un convenio administrativo por más de 654 millones de pesos, firmado durante la administración 2020–2023.
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El proceso disciplinario se origina en un convenio suscrito en abril de 2022 entre la Alcaldía de Copacabana y la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño, Amunorte, bajo la modalidad de contratación directa.
Origen del convenio
El acuerdo tenía como objetivo la ejecución de servicios técnicos, investigativos, administrativos y financieros, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo “Copacabana con seguridad”.
Sin embargo, la Procuraduría investiga si dicho convenio se firmó pese a que, para ese momento, existía una prohibición legal para celebrar este tipo de contratos, lo que habría vulnerado las normas que regulan la contratación pública.
Ambos investigados
En el caso del exalcalde Héctor Monsalve, el ente de control busca establecer si, en su calidad de representante legal del municipio, suscribió el convenio desconociendo esa posible restricción normativa.
Frente a la exsecretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata Cano, la investigación apunta a determinar si fue ella quien expidió los estudios previos que sirvieron de soporte técnico y jurídico para sacar adelante el convenio, a pesar del presunto impedimento legal.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta de ambos exfuncionarios como una falta grave, a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario.
Este proceso es de carácter disciplinario, no penal, y puede derivar en sanciones como inhabilidades para ejercer cargos públicos, si se comprueba la responsabilidad.
La relación entre Monsalve y Zapata Cano
Héctor Augusto Monsalve Restrepo fue alcalde de Copacabana durante el periodo 2020–2023, bajo el cual Astrid Jaqueline Zapata Cano se desempeñó como secretaria de Gobierno, uno de los cargos clave dentro de la estructura administrativa municipal.
Desde esa dependencia se coordinan asuntos de orden público, gobernabilidad y, en muchos casos, la articulación administrativa para la ejecución de programas y contratos.
La relación funcional entre ambos explica que hoy estén vinculados en el mismo proceso disciplinario: uno como ordenador del gasto y firmante del convenio, y la otra como presunta responsable de los estudios previos que lo respaldaron.
Antecedentes conocidos por Caracol Radio
Este no es el primer episodio disciplinario que involucra a Monsalve y a Zapata Cano. En 2020, Caracol Radio Medellín informó sobre la suspensión provisional del entonces alcalde de Copacabana, en el marco de una investigación de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes venezolanos en plena pandemia.
En ese mismo proceso también fue vinculada la secretaria de Gobierno de la época, Astrid Zapata Cano.
Aunque esa suspensión fue posteriormente levantada, el antecedente deja ver que la administración de Monsalve ya había estado bajo la lupa de los organismos de control, especialmente en decisiones administrativas de alto impacto.
Lo que sigue en el proceso
Con el pliego de cargos ya formulado, el proceso entra ahora en una fase clave: la defensa de los exfuncionarios, la práctica de pruebas y la valoración de si efectivamente se vulneraron las normas de contratación pública.
Por ahora, la investigación continúa y será la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá la encargada de establecer si el convenio con Amunorte se firmó desconociendo la ley y si hubo responsabilidad directa de quienes integraban la cúpula administrativa del municipio.
