El presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Katherine Miranda.
Petro, Benedetti, Alcocer y Petro Burgos fueron incluidos en la ‘Lista Clinton’ el 24 de octubre de 2025.
En un nuevo capítulo de escándalos en el gobierno de Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación tras una denuncia por un presunto detrimento de recursos del Estado en la contratación de una firma internacional de abogados para el caso de la ‘Lista Clinton’.
Específicamente, se estarían encargando de la defensa del ministro del Interior, Armando Benedetti, de la exprimera dama Verónica Alcocer, del hijo mayor del mandatario Nicolás Petro Burgos, y del mismo Presidente con el objetivo de lograr que sean sacados de la lista Ofac.
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El recurso fue presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien aseguró que desde el Ejecutivo se suscribió un contrato por 10 mil millones de pesos entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la firma extranjera Amedeus Consultancy Limited.
La representante resaltó que dicho servicio jurídico había sido presentado por Daniel Kovalik, representante legal de la Presidencia, como gratuito, pero «terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario con su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos», aseguró Miranda.
Hallazgos de la Procuraduría
El Ministerio Público confirmó que el Dapre suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales el 9 de enero de 2026, con plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, mediante la modalidad de contratación directa por un valor aproximado de $10 mil millones, con cargo al Presupuesto General de la Nación. Asimismo, indicaron que el contrato tiene un esquema de pagos continuos muy altos, al tener en cuenta que están concentrados en un corto período de ejecución. «Sin que se observe una justificación técnica suficiente que explique la urgencia de la contratación». Este caso ha encendido las alarmas.
Desde diferentes sectores han advertido que esta acción de Petro parece ignorar el déficit presupuestal por el que atraviesa el país y deja en entredicho su ya cuestionado decreto de emergencia económica, el cual aumenta los impuestos y amenaza la independencia fiscal de las regiones, mientras invierte en su defensa personal para recuperar la visa.
