Paula Cortes presidenta ejecutiva de Anato y Alberto Samuel Yohai presidente del CCIT Foto: Anato y CCIT.
El Gobierno Nacional prepara un nuevo decreto que endurece drásticamente los requisitos para operar alojamientos a través de plataformas.
EDITOR MULTIMEDIA
Mientras miles de anfitriones expresan preocupación por la viabilidad de su operación, los gremios más representativos del turismo tradicional, Cotelco (hoteleros) y Anato (agencias de viajes), han cerrado filas en apoyo a la iniciativa, calificándola como un paso necesario hacia la formalización y la competencia leal.
El núcleo de la nueva normativa es la creación del Sistema de Verificación y Control del RNT, una herramienta tecnológica que permitirá a las cámaras de comercio cruzar datos en tiempo real con la DIAN, Migración Colombia y las alcaldías para verificar el cumplimiento de requisitos.
Esto significa que obtener el Registro Nacional de Turismo (RNT) dejará de ser un trámite casi automático para convertirse en un proceso de verificación estricta, donde las autoridades revisarán «material y documentalmente» que el prestador cumpla con todas las normas antes de permitirle operar.Para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), esta medida es vital.
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo del gremio, señaló que el decreto busca «ordenar las dinámicas del alojamiento sin desconocer la ley existente de propiedad horizontal» y proteger a la niñez de posibles casos de abuso, equilibrando las cargas para proteger a los empresarios formales. El gremio advierte que actualmente existe una divergencia sustancial entre los datos oficiales del RNT y la oferta real que aparece en las plataformas digitales, lo que afecta la seguridad y la competencia justa.El obstáculo crítico de la Propiedad Horizontal.
El punto más controversial del borrador es la exigencia para las viviendas ubicadas en edificios o conjuntos residenciales. La norma establece que será obligatorio adjuntar el reglamento de propiedad horizontal donde se autorice «explícitamente» la prestación del servicio de alojamiento turístico.
Para los anfitriones, esto representa un riesgo de ilegalización masiva, pues muchos reglamentos antiguos guardan silencio al respecto. Sin embargo, para Cotelco, esto no es una novedad sino el cumplimiento de una ley vigente desde 2001. Duarte enfatiza que se deben respetar los derechos de los residentes y las decisiones que las comunidades hayan tomado sobre sus copropiedades.
Plataformas bajo la lupa y respaldo de las Agencias
El decreto pone fin al anonimato fiscal. Las plataformas digitales deberán interoperar con el gobierno y entregar información detallada sobre transacciones y anfitriones a la DIAN y Fontur.
Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, respalda esta «interoperabilidad» del registro con la Superintendencia de Industria y Comercio y las cámaras de comercio, argumentando que permitirá una identificación más fácil de los operadores y garantizará que cumplan con las normas de seguridad y calidad exigidas a todos los actores del sector.
Frente a las críticas de que la norma podría acabar con la oferta de alquiler vacacional, ambos gremios coinciden en que no se trata de una prohibición. «No es cierto que se esté buscando que las plataformas desaparezcan del país, sino que se regulen pensando en la seguridad, calidad e igualdad de condiciones», afirmó Cortés Calle.
Por su parte, Cotelco argumenta que países como Estados Unidos, naciones europeas y, en la región, México y Uruguay, ya han implementado mecanismos de verificación similares para enfrentar los desafíos del crecimiento desbordado de estas plataformas. La postura gremial es clara: bienvenidas las plataformas, siempre y cuando jueguen con las mismas reglas de cumplimiento que el resto de la industria.
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“Grave afectación”: CCIT
Para la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT,al contrario, el borrador de decreto del MinCIT exige a las plataformas requisitos que hoy no están en la Ley 2068 de 2020 y trasladar responsabilidades del Estado a las empresas privadas. Advierte que la normatividad propuesta ordena una ‘licencia de facto’ de carácter mercantil a todos los dueños de viviendas turísticas no hoteleras, con cargas de muy complejo cumplimiento, así como cambios en las reglas de juego del Registro Nacional de Turismo (RNT).
La CCIT advierte que el proyecto pretende transformar el actual sistema declarativo —que ha permitido que el 95% de las viviendas para uso turístico hoy estén formalizadas y registradas— en un sistema de «preverificación» administrativa.»La iniciativa crea una ‘licencia de facto’ a la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley», señala la CCIT.Según Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, «las plataformas de turismo generan mas de 215.000 empleos y han aportado más de 550 millones de dólares al PIB turístico del país. Estas apps impulsan las economías locales, el ecoturismo, el agroturismo ya las comunidades de todo el país.
“Por cada 10 dólares que se destinan al alojamiento vía app, el turista, genera 48 dólares adicionales en sectores como la gastronomía, el comercio, el entretenimiento y el transporte en las comunidades que visita”, dice la agremiación. En 2024, los viajeros de vivienda turística inyectaron 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones en transporte.El borrador del MinCIT establece que para inscribir una vivienda ubicada en un edificio o conjunto sometido a este régimen, será obligatorio adjuntar el reglamento de propiedad horizontal donde se autorice «explícitamente» la prestación del servicio de alojamiento turístico.
Esto pone en jaque, dice la CCIT, a miles de propietarios que hoy operan bajo el silencio de sus reglamentos; bajo la nueva norma, si el manual de convivencia no dice expresamente «sí», se entenderá como un «no», obligando a los dueños a buscar costosas y complejas reformas estatutarias con mayorías calificadas de vecinos para poder legalizarse.Expertos advierten que la implementación de este decreto podría generar un «cuello de botella» administrativo y una reducción masiva de la oferta turística formal.
Al exigir a las cámaras de comercio validar documentos complejos como el uso del suelo y certificados de bomberos para cada inscripción , el sistema podría colapsar, frenando la renovación de registros. El riesgo es inminente: si un anfitrión no logra renovar a tiempo su RNT (antes del 31 de marzo), la suspensión será automática y el Ministerio enviará la orden a los alcaldes para el cierre inmediato del establecimiento, sin periodos de gracia .
