HECHO. La Universidad Central está entre las que más presupuesto reciben; pero tiene una baja ejecución. Foto: API
ECUADOR:
La proforma 2026 evidencia que la mayor parte del presupuesto universitario seguirá concentrada en remuneraciones. Si se evalúa los últimos tres años, las universidades ejecutan menos de lo que les asignan. ¿Recorte o gestión deficiente?
El presupuesto para las universidades públicas en 2026 confirma una tendencia que se ha mantenido durante la más de una década: la estructura de gasto es crecientemente rígida, altamente concentrada en salarios y con escaso margen para inversión, investigación y modernización institucional.
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Según la Proforma Presupuestaria 2026, elaborada por el Gobierno de Daniel Noboa, las instituciones del sistema de educación superior, que incluye universidades públicas, escuelas politécnicas, instituciones cofinanciadas, CACES y CES, recibirán $1.523,48 millones para el próximo año. Esto es superior en un poco más de $58 millones a los $1.449,27 millones presupuestados para 2025.
En otras palabras, en términos generales, comparando el presupuesto 2025 con el presupuesto 2026, se está asignando más dinero para el próximo año. Las diferencias ocurren cuando se analiza universidad por universidad; y tienen que ver con la capacidad de gestión que han tenido para ejecutar lo que les han asignado en años anteriores.
En 2024, las 10 universidades públicas con más asignaciones, incluida la Universidad Central del Ecuador, en promedio sub ejecutaron el 13,2% de sus presupuestos. Es decir, gastaron 13% menos de lo asignado
El 61% de los presupuestos de las universidades se van a sueldos
De los más de $1.500 millones presupuestados para 2026, el 61%, es decir $926,60 millones se destinará únicamente a egresos en personal, principalmente para el pago de remuneraciones y beneficios de ley a los docentes y autoridades universitarias amparados bajo la LOES.
En los documentos enviados a la Asamblea por el Gobierno de Noboa junto con la proforma 2026 se precisa que el cálculo para el gasto en remuneraciones se basa en el devengado del ejercicio 2025 y considera escalas salariales vigentes, aportes patronales, fondos de reserva, décimos, horas suplementarias y demás componentes que conforman la masa salarial.
En total, las universidades públicas cuentan con 22.592 docentes y autoridades académicas, un número que explica la magnitud del gasto en este rubro.
La segunda asignación más grande son los bienes y servicios de consumo, con $269,70 millones (18% del total). Este presupuesto cubre el funcionamiento operativo de las instituciones: servicios básicos, limpieza, mantenimiento, vigilancia, contratación de docentes bajo contratos civiles, capacitaciones y otros servicios generales indispensables.
Pese a ser el segundo rubro más significativo, continúa estando muy por debajo del gasto en personal, lo que deja poco margen para mejorar la infraestructura, fortalecer laboratorios o ampliar oferta académica.
Los demás grupos de gasto tienen participaciones mucho menores:
• Bienes de larga duración: $112,39 millones (7%), destinados a equipamiento y activos institucionales.
• Obras públicas: $97,43 millones (6%), que financian principalmente intervenciones en infraestructura.
• Transferencias corrientes: $60,38 millones (4%), para cubrir pensiones patronales, becas y pensionistas vitalicios.
• Otros rubros menores incluyen bienes y servicios para inversión, amortización de deuda, egresos financieros y donaciones para inversión.
¿De dónde sale el dinero para el presupuesto de las universidades públicas en Ecuador?
La proforma también detalla de dónde sale el dinero para el presupuesto de las universidades públicas en Ecuador . El componente más grande es el Fopedeupo, una preasignación legal que en 2026 asciende a $1.257,97 millones para 2026, con un crecimiento del 4,67% respecto al año anterior.
El Fopedeupo (Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico) se financia directamente del 5% de los ingresos permanentes del Estado, es decir, de los impuestos. Esto significa que una parte fija de la recaudación tributaria, como el IVA, Impuesto a la Renta u otros tributos permanentes, se transfiere automáticamente al sistema de educación superior sin depender de decisiones discrecionales del Gobierno de turno. Es un fondo legalmente blindado que garantiza estabilidad financiera y constituye la columna vertebral del financiamiento universitario.
En términos simples, el Fopedeupo es dinero público asegurado por ley, tomado de la recaudación tributaria general, y destinado cada año a las universidades y politécnicas públicas. Estos recursos permiten cubrir actividades esenciales como funcionamiento académico, remuneraciones, infraestructura y servicios básicos. No es un monto negociado ni variable según la coyuntura política: siempre equivale al 5% de los ingresos permanentes del Estado, y cualquier cambio requeriría una reforma legal expresa.
Le siguen los recursos de gratuidad ($183,96 millones), que deben cubrir el costo de la formación gratuita de los estudiantes (matrículas, aranceles y servicios académicos vinculados); y de funcionamiento ($16,67 millones), que deben ayudar a financiar servicios, mantenimiento, personal de apoyo e insumos institucionales. A esto se suma la compensación por la antigua donación del Impuesto a la Renta, que en 2026 alcanza $50,44 millones.
Las universidades también generan recursos propios: para 2026 se proyecta una autogestión de $72,97 millones, que provienen de posgrados, consultorías, cursos, servicios académicos y actividades productivas. La Universidad Central del Ecuador lidera esta recaudación con $11,69 millones, seguida por la Escuela Politécnica Nacional ($7,45 millones) y la Universidad Nacional de Loja ($5,93 millones).
La autogestión representa, incluso en las universidades que más generan, menos del 10% del presupuesto anual. En otras palabras, más del 90% depende de asignaciones del Estado.
El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2026 contará con $160,74 millones, financiados con recursos fiscales, preasignaciones, préstamos externos, préstamos internos y autogestión. Así, se gastará casi 6 veces más en sueldos que en inversión.
¿El Gobierno de Daniel Noboa recorta presupuestos o muchas universidades ejecutan mal?
En los últimos días se ha desatado todo un debate público en el que se acusa al Gobierno de Noboa de presupuestar un recorte de recursos de entre $125 millones y $129 millones a los universidades públicas para 2026.
Sin embargo, la Universidad de Cuenca, que es una de las incluidas en las lista como una de las más perjudicadas, ha salido a desmentir que se le esté quitando recursos. Según información oficial proporcionada por la propia institución, los recursos fiscales que recibe, incluyendo fondos del Gobierno Central, preasignaciones obligatorias y créditos externos, han crecido de manera sostenida en los últimos años:
2021: $61’978.632,19
2022: $66’847.012,30
2023: $69’509.964,08
2024: $69’509.964,08
2025: $72’731.660,02
2026 (presupuestado): $76’248.213,05
Estos montos no incluyen autogestión ni saldos no ejecutados. En muchos casos, las universidades no ejecutan todo lo que se les ha asignado en un año, y esas asignaciones no se pierde, sino que deben justificarse para que vuelvan a ser asignadas por el ministerio de Economía al año siguiente. Esos recursos no aparecen en el nuevo presupuesto que el Gobierno envía a la Asamblea porque son del año anterior.
Según un análisis del exministro de Economía, Fausto Ortiz, las 10 universidades que tienen más presupuesto a la par registran baja ejecución de los recursos asignados.
Así, por ejemplo, a la Universidad Central de Ecuador se le asignó un presupuesto de $149 millones en 2024; pero a diciembre de ese año solo había devengado $81,8 millones. En 2025, se le asignó un presupuesto de $157 millones; pero a noviembre de este año solo había devengado $74 millones.
En el caso de la Universidad de Cuenca, se le asignó un presupuesto de $91 millones en 2024; pero hasta finales de ese año solo devengó $85,1 millones. En 2025, la asignación fue de $93 millones, pero hasta noviembre se devengó $71,4 millones.
Hay casos de universidades que parte de un presupuesto más bajo, pero terminan devengando mucho más. Así, por ejemplo, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí partió con un presupuesto de $72 millones en 2024; y a diciembre de ese año había devengado $99,2 millones. En 2025, partió de un presupuesto de $73 millones, y a noviembre ya había devengado $90,4 millones. Para 2026, el Gobierno ha establecido un presupuesto de $81 millones.
De acuerdo con Ortiz, al final de 2024, si se analiza las 10 universidades públicas con más presupuesto, se puede ver una sub ejecución promedio de 13, 2%, es decir, ejecutan en promedio un 13% menos de lo que les presupuestaron. “Es importante que les den presupuesto, pero más importante es ejecutarlo”, concluye Ortiz.
Por su parte, Napoleón Santamaría, abogado tributario, apuntó que “se les asigna y no ejecutan. Lo que dicen ejecutar, mucho corresponde a turismo académico, viajes sin sentido, investigaciones impertinentes, gastos administrativos impresentables y, bajísimo, bajísimo gasto de inversión”.
En otras palabras, si las universidades quieren más presupuestos, deben gastar mejor y transparentar sus cuentas. (JS)
