Foto: Milton Díaz
La entidad impuso multas por más de $3.000 millones a compañías que incumplieron normas de información y garantías en comercio electrónico.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a diez empresas proveedoras de bienes y servicios que promocionaron productos a través de plataformas digitales durante la temporada de Black Friday 2024.
Las multas, impuestas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, ascienden a $3.068 millones y se derivan de verificaciones realizadas a cerca de 60 establecimientos de comercio con el fin de evaluar el cumplimiento de la normatividad de protección al consumidor.
Las compañías investigadas utilizaron el comercio electrónico para ofrecer promociones durante la jornada de descuentos. Entre las sancionadas se encuentran Bigfoot Colombia S.A.S., Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.-Olímpica S.A., Lagobo Distribuciones S.A.S. (L.G.B. S.A.S.), Airlaf Internacional S.A.S., Nueve Nueve Dos S.A.S., Comercializadora Baldini S.A., Makro Supermayorista S.A.S., Almacenes Maximo, Sodimac Colombia S.A. e Inversiones Blo S.A.S.
La SIC determinó que estas empresas incurrieron en distintas infracciones relacionadas con la información suministrada a los consumidores, el acceso a garantías y el cumplimiento de obligaciones propias del comercio electrónico.
Entre las conductas identificadas, la autoridad destacó la ausencia de información clara sobre las condiciones para acceder a las promociones, incluidos requisitos, acumulabilidad con otros incentivos y límites de unidades por persona. También se evidenció falta de datos específicos sobre los productos ofertados —como cantidad y calidad— y sobre mecanismos esenciales como el derecho de retracto y la reversión de pago.
La SIC señaló que en varios casos no se brindó información veraz, suficiente y actualizada respecto al origen, componentes, medidas, forma de uso o restricciones de los productos, lo que impidió a los consumidores formarse una representación precisa de lo adquirido.
Las sanciones también se fundamentaron en prácticas que afectaron el ejercicio de derechos como la garantía legal y el reclamo. Algunas empresas exigían documentos adicionales o la factura para tramitar garantías o retractos, pese a que la normativa no lo condiciona a estos soportes.
Asimismo, se detectó la ausencia de mecanismos adecuados para radicar peticiones, quejas y reclamos, así como la falta de un enlace visible que permitiera a los consumidores acceder a la página de la autoridad de protección al consumidor, requisito obligatorio en el comercio electrónico.
Otro hallazgo fue la afectación del derecho de reposición de tarjetas de regalo en casos de pérdida o extravío.
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la SIC.
