Brian Saavedra Torres
Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que hay un aumento del 34,1% en las tutelas por salud entre enero de 2024 y julio de 2025.
El derecho a la salud en Colombia atraviesa una crisis silenciosa que se refleja en los juzgados. Un informe de la Defensoría del Pueblo indica que hay un aumento del 34,1% en las tutelas por salud entre enero de 2024 y julio de 2025, y un crecimiento similar (del 34,2%) en las reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud, que ya superan las 685.000 quejas, la mayoría relacionadas con medicamentos del Plan de Beneficios en Salud.
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El crecimiento ha sido sostenido: mientras en 2022 se reportaron unas 156.000 tutelas, las proyecciones para 2025 apuntan a más de 314.000 casos, casi el doble en apenas tres años. “El aumento de las tutelas no puede verse como algo normal. Su incremento constante es una señal de falla estructural en el sistema de salud”, advierte la Defensora del Pueblo, Iris Marín.
Negación de medicamento y servicios
De acuerdo con el informe, el 32% de las tutelas se relaciona con atención médica deficiente o inoportuna, mientras que la negación de la prestación del servicio encabeza las causas. La entrega incompleta o tardía de medicamentos e insumos representa otro 36% de las acciones.
“La tutela debería ser un recurso excepcional, no la regla. Si los ciudadanos acuden masivamente a ella, significa que las EPS y las IPS no están garantizando el acceso oportuno al servicio”, señaló un vocero del organismo.
Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría del Pueblo ha apoyado la interposición de 18.451 tutelas, aunque aclara que este paso solo se da cuando las gestiones administrativas ante las EPS no prosperan. En total, durante este periodo se han recibido 107.000 reclamos por temas de salud, pero la mayoría se intenta resolver sin acudir a la vía judicial.
El 21% de los casos de tutela tienen relación directa con la entrega incompleta de medicamentos, un problema que golpea especialmente a los departamentos de Bolívar (15% de las quejas), Bogotá (11%) y Quindío (9%).
No obstante, la Defensoría advierte que estos datos pueden estar subestimando la realidad. “En las zonas rurales o apartadas hay menos conocimiento de los mecanismos de protección y menor acceso a las instituciones públicas. Eso invisibiliza muchas vulneraciones”, explicó la entidad.
Según cifras de la Corte Constitucional, entre 2020 y agosto de 2025 se han radicado más de un millón tres mil acciones de tutela por vulneraciones a este derecho fundamental. La cifra equivale al 33,7% del total de tutelas interpuestas en el país, consolidando a la salud como el segundo derecho más invocado ante la justicia.
