REPÚBLICA DOMINICANA:
Unos 125 internos reciben atención en pabellones de salud mental y 311 son tratados de manera ambulatoria.
Solo 125 personas privadas de libertad con condiciones de salud mental reciben atención en los cinco pabellones especializados del sistema penitenciario de República Dominicana.
El resto —unos 311 internos de 436 diagnosticados — son tratados de forma ambulatoria dentro de las cárceles comunes.
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Así se reveló en el marco del Foro Internacional Salud Mental y Sistema Penitenciario, realizado en el Día Mundial de la Salud Mental, un espacio que reunió a autoridades y expertos para debatir sobre la necesidad de transformación en la atención que reciben los reclusos con enfermedades psiquiátricas en el país.
Centro penal psiquiátrico
El director de la Oficina Nacional Defensoría Pública, Adolfo Valentín instó al Gobierno a la creación de un centro psiquiátrico que tenga una administración adecuada, con psicólogos, psiquiatras y con enfermeras para los privados de libertad ante sus condiciones.
Valentín advirtió que el Estado incurre en una «irresponsabilidad» al mantener en prisión preventiva, por periodos de tres, seis o hasta dieciocho meses, a personas que se encuentran con trastornos mentales.
El funcionario subrayó que no se puede dar el mismo trato a una persona que comete un delito en pleno uso de sus facultades mentales que a quien padece una enfermedad psiquiátrica.
En contraste, el director general del Servicios de Penitenciario y Correcionales, Roberto Santana, consideró que la creación de un centro único no sería la mejor alternativa, ya que podría alejar a los internos de sus comunidades y familias.
«No creo que sea necesario que haya propiamente un centro porque eso va a deslocalizar a las personas de diferentes provincias, y los mismos privados de libertad no deben estar en un lugar demasiado lejos de su familia y su comunidad», argumentó.
Sin embargo reconoció que el país enfrenta una crisis en materia de salud mental desde 2016, y que los centros penitenciarios cuentan con menos de 100 profesionales especializados para cubrir la demanda nacional.
Red provincial
El juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, propuso una alternativa de crear una red de unidades provinciales de salud mental dentro y fuera del sistema penitenciario.
Sostuvo que esta estructura permitiría ofrecer tratamiento, seguimiento y reinserción a personas con trastornos mentales, sin concentrar todos los casos en un único espacio.
Un sistema saturado y precario
El encargado de Justicia de Onapre, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, calificó como «alarmante» el nivel de hacinamiento y precariedad, lo que agrava la salud mental de los reclusos.
«El 90% de los privados de libertad solamente por el hecho de estar encerrado genera una condición», puntualizó.
Informó que actualmente hay unos 25,000 privados de libertad en el país, pese a que la capacidad instalada es de apenas 15,200 plazas, lo que deja un excedente de 10,000 internos en situación de hacinamiento severo.
«Tenemos 19 cárceles que no hemos podido solucionar todavía. Doce están en manos del Ejército y siete en manos de la Policía. En todas ellas el hacinamiento es extremo y las condiciones son precarias. Hay cerca de 4,000 personas durmiendo en el piso, sin colchones», denunció Rodríguez.
Traslados y reforma penitenciaria
Para aliviar la sobrepoblación, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de traslados hacia los centros del nuevo modelo penitenciario, informó Rodríguez Restituyo.
El programa contempla mover 2,400 internos desde La Victoria hacia Las Parras, 900 de San Juan a Pedro Corto, y otros 200 de Barahona y 600 de Anamuya hacia nuevos recintos.
Asimismo, adelantó que el Ejecutivo ha licitado la construcción de 10 nuevos centros penitenciarios y proyecta levantar 26 en total antes del año 2028, con el propósito de eliminar las 19 cárceles del modelo tradicional.
Entre las provincias que recibirán nuevos recintos figuran Independencia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y Hato Mayor, actualmente sin cárceles.
El objetivo es evitar que los internos sean trasladados a provincias lejanas, lo que complica aún más su situación y la de sus familias.