Secuestran a 45 militares en El Tambo, Cauca, en medio de asonada: presidente Petro pidió liberación

Sobre las dos de la tarde de este domingo, en la vereda Los Tigres del corregimiento de San Juan del Micay, en el Tambo (Cauca), 45 militares fueron secuestrados en medio de una asonada con más de 600 personas. El hecho se dio en medio de la operación Perseo II, que busca recuperar el control territorial a merced de las disidencias de la estructura Carlos Patiño, al mando de alias Iván Mordisco.

«Aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal», indicó el Ejército en un comunicado.

Aunque inicialmente se hablaba de 72 uniformados secuestrados, las autoridades dijeron que 45 permanecen privados de la libertad. Este es el quinto caso de secuestro de militares en el marco de su trabajo operacional, y el segundo en menos de dos semanas. Entre los secuestrados están tres oficiales de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, que buscan restablecer el orden en el cañón del Micay, una ruta estratégica para el control de cultivos ilícitos y el tráfico de droga hacia el hacia el norte del continente.

Los uniformados aseguraron que están en contacto con el presidente de la Junta de Acción Comunal, y están dialogando con las personas que los retuvieron para lograr su liberación. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, se pronunció al respecto: «El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo esta lista y es palabra del Presidente».

El Ejército recalcó que «estos hechos representan graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, pues constituyen delitos que se encuentran descritos en el Código Penal (Ley 599 de 2000), entre ellos, secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública». En consecuencia, la institución interpondrá las denuncias e iniciará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de esclarecer lo sucedido. De igual forma, «insta a las comunidades a aportar información que conlleve a la identificación y posterior judicialización de los responsables de esta acción delictiva».

La Tercera División del Ejército Nacional, asimismo, exhorta al respeto por las instituciones del Estado y rechaza categóricamente la utilización y constreñimiento de las comunidades. También, «hace un llamado a los organismos internacionales defensores de derechos humanos para que unan sus voces al rechazo contra estos grupos al margen de la ley, que continúan delinquiendo, atemorizando a las comunidades más vulnerables y fortaleciendo sus actividades mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico».