La víctima, privada de la libertad habría sido agredida en dos ocasiones y en una de las violaciones quedó embarazada.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señalados de abuso sexual a una mujer que se encontraba detenida en la cárcel El Pedregal de Medellín.
Los hechos, ocurridos en 2024, salieron a la luz gracias a la denuncia de la víctima y una posterior investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Abuso sexual a una interna: dos agresiones, un embarazo
De acuerdo con el testimonio de la víctima, el primer ataque ocurrió en la madrugada del 29 de agosto de 2024, cuando un dragoneante del Inpec ingresó sin autorización a la celda No. 15 de la Unidad de Tratamiento Especial (UTE).
En la celda, la habría intimidado, agredido física y verbalmente, y luego abusado sexualmente en medio de amenazas.
El segundo ataque se presentó días después, en la madrugada del 5 de septiembre, cuando otro guardia habría repetido las agresiones. La mujer también denunció que fue víctima de intimidaciones posteriores, con el objetivo de silenciarla.
Como consecuencia de uno de estos abusos, la interna quedó embarazada, hecho que fue confirmado mediante pruebas de ADN.
Tras investigaciones y recolección de elementos probatorios, la Fiscalía identificó a los presuntos agresores: los dragoneantes Christian Camilo Alvarado Torres y Diego Stiven Castaño Sánchez. Este último fue confirmado como el responsable del embarazo de la víctima.
Ambos funcionarios fueron capturados en operativos realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en los municipios de La Dorada (Caldas) y Puerto Triunfo (Antioquia).
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a los dos dragoneantes por los delitos de: acceso carnal violento agravado y prevaricato por omisión.
Ninguno de los dos aceptó los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías determinó que Diego Stiven Castaño Sánchez deberá permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Por su parte, Christian Camilo Alvarado Torres seguirá vinculado a la investigación, pero no fue cobijado con medida intramural por ahora.
Un caso que reabre debate sobre abusos en centros penitenciarios
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa las denuncias de abuso de poder y violencia sexual en el sistema penitenciario colombiano, especialmente contra mujeres privadas de la libertad.
Organizaciones de derechos humanos han exigido mayor vigilancia, transparencia en el Inpec y atención integral a las víctimas de este tipo de hechos.
La Fiscalía reiteró su compromiso para avanzar con celeridad en el esclarecimiento del caso y garantizar justicia para la víctima.