El acuerdo se logró con el propósito de estabilizar la cadena de producción y comercialización del arroz en el país mediante medidas urgentes y estructurales.
El Gobierno anunció este viernes un acuerdo preliminar con la industria arrocera y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), con el propósito de estabilizar la cadena de producción y comercialización del arroz en el país mediante medidas urgentes y estructurales que permitan afrontar la coyuntura actual del sector y fortalecer su sostenibilidad.
Según lo acordado, el Gobierno expedirá dos actos administrativos que establecerán un régimen de libertad regulada, a través del cual se definirá un precio mínimo de referencia para el arroz paddy verde y el arroz blanco. Estas medidas buscan brindar estabilidad tanto a los productores como a los consumidores, garantizando el abastecimiento y el acceso al producto.
En el marco del acuerdo, las partes reconocieron la existencia de problemas estructurales en la cadena arrocera, por lo cual se avanzará en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz.
Este plan articulará a todos los eslabones del sector con una ruta de largo plazo enfocada en proteger la producción primaria, fortalecer la industria nacional y asegurar la soberanía alimentaria frente a las fluctuaciones del mercado internacional.
Además, el Gobierno implementará una salvaguardia sobre el arroz en los términos del artículo 5 de la Ley 101 de 1993 y demás normas aplicables, como parte de las acciones para proteger el mercado interno.
Como muestra de voluntad para avanzar hacia un acuerdo estructural, la industria arrocera garantizará la compra del arroz cosechado para su almacenamiento y conservación bajo las condiciones de comercialización actuales. Una vez entre en vigor la regulación de precios, se pagará a los productores la diferencia entre el precio recibido inicialmente y el establecido en la resolución oficial sobre el precio del arroz paddy verde.
El Gobierno señaló que está comprometido con una política agropecuaria que asegure ingresos mínimos dignos para los productores, sostenibilidad para la industria y prioridad en la soberanía alimentaria del país. Así mismo, se continuará promoviendo el diálogo entre los diferentes actores de la cadena arrocera para construir soluciones conjuntas que protejan la producción nacional y la seguridad alimentaria.