Según las autoridades, el hombre, que había sido engañado para descargar una mercancía, fue asesinado y encontrado cuatro días después con prendas militares en el municipio de Granada.
El Tribunal de Antioquia confirmó condena contra el Ejército Nacional por caso de “falso positivo” con un vendedor de frutas de Medellín. Según las autoridades, el hombre, que había sido engañado para descargar una mercancía, fue asesinado y encontrado cuatro días después con prendas militares en el municipio de Granada.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó la responsabilidad del Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, un humilde vendedor de frutas de Medellín que fue asesinado y presentado como guerrillero en combate en el año 2003.
Norberto, quien se ganaba la vida cargando bultos, barriendo locales y vendiendo aguacates en la Plaza Minorista de Medellín, fue abordado en aquella época por hombres que, con engaños, lo convencieron de ir a descargar una supuesta mercancía. Cuatro días después fue encontrado sin vida en zona rural de Granada, y su cuerpo fue disfrazado con prendas militares para simular un enfrentamiento armado.
El Ejército lo presentó como integrante del frente 9 de las Farc, afirmando que Norberto había muerto en combate mientras instalaba minas antipersonales en una vereda llamada San Cosme. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que ni esa vereda existe ni se registró dicho enfrentamiento en la zona ese día.
No fue sino hasta 2015 que su hija, Claudia Milena Isaza, recibió información del paradero de su padre a través de familiares de otra de las víctimas. Ese mismo año, la Fiscalía logró establecer que Norberto no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y que su muerte fue producto de una ejecución extrajudicial.
Las autoridades determinaron que el Ejército deberá indemnizar a 18 familiares del vendedor. Además, el Tribunal ordenó una serie de medidas de reparación simbólica, como una carta de disculpas firmada por altos mandos militares. Y también se ordenó dejar constancia pública de que la víctima no pertenecía a ningún grupo armado ilegal.