PUERTO RICO:
El pleno del Senado le dio paso, este lunes, al Proyecto de la Cámara 321, una medida legislativa que impondría pena de cárcel obligatoria a los conductores convictos por causar la muerte o grave daño corporal de otra persona por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias controladas.
La medida -que recibió enmiendas en su exposicion de motivios- recibió 21 votos a favor y cinco en contra.
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La legislación, de la autoría del representante Fernando Sanabria Colón, uniforma la Ley de Sentencia Suspendida (Ley 259-1056) para dejar fuera de especulación o interpretación la imposición de pena de cárcel a las personas convictas por causar la muerte o grave daño corporal
Asimismo, la legislación precisa que la pena de reclusión, según definida en el Artículo 49 del Código Penal, “consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia”.
Si un conductor le ocasiona la muerte a otra persona, incurre en delito grave e implica la imposición de reclusión por un término fijo de 15 años, según dispuesto en el Artículo 7.06 de la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000). Por grave daño corporal, la pena es de cinco años de reclusión.
“La concesión de penas alternativas en casos de que unapersona cause la muerte de otra al conducir bajo estado embriaguez o sustancias controladas envía un mensaje erróneo a la sociedad”, lee el informe conjunto presentado por las comisiones senatoriales de lo Jurídico y Transportación y Telecomunicaciones.
Al recibir enmiendas, la legislación regresa a la Cámara de Representantes.
Investigarán contratación
Durante la sesión ordinaria, el Senado también le dio paso a la Resolución del Senado 180, de la autoría del presidente , Thomas Rivera Schatz, para investigar el proceso de subasta, evaluación, adjudicación y contratación para la instalación de un sistema de videovigilancia en las escuelas públicas, a un costo de $110 millones.
“La transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública son pilares fundamentales para la confianza ciudadana y la legitimidad de la administración gubernamental”, cita la exposición de motivos de la medida que fue referida a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz.
El pasado 15 de abril, la junta revisora de la Administración de Servicios Generales (ASG) emitió una resolución ordenando la paralización del proceso de contratación entre el Departamento de Educación y la empresa GM Sectec Corp. luego que acogiera una moción de impugnación radicada por Genesis Security Services.
Según se hace constar en la medida, la empresa impugnante alega que fue descalificada sin oportunidad de subsanar y que al proponente seleccionado supuestamente se le permitió continuar a pesar de incumplir con los requisitos. Asimismo, se alega que la oferta adjudicada representa un alza de $45 millones en comparación con la propuesta rechazada.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos tendrá 90 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones. “Este escenario plantea seria preocupaciones sobre la transparencia, la integridad y la equidad de los procesos de subastas gubernamentales”, lee la resolución.