Valeria Suárez Montoya
La justicia ordenó restituir 3.336 hectáreas al resguardo indígena Jaidukamá del pueblo Embera Eyábida, en Ituango, tras años de desplazamiento y violencia.
En un avance significativo para la restitución de derechos étnico-territoriales en Colombia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia emitió la primera sentencia a favor de una comunidad indígena en ese departamento. El fallo beneficia al Resguardo Indígena Jaidukamá, del pueblo Embera Eyábida, ubicado en el municipio de Ituango.
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La decisión, emitida el pasado 30 de abril, restituye a esta comunidad ancestral un territorio colectivo de 3.336 hectáreas, beneficiando a 407 personas pertenecientes a 100 familias. Este avance se da gracias al trabajo articulado de la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), liderada por Jhon Jaime Posada Gómez.
“Esta decisión es para destacar, pues es la segunda sentencia en beneficio de comunidades étnicas en el departamento. La DT Antioquia busca restituir los derechos del pueblo Embera Eyábida, sujeto priorizado por los acuerdos de La Habana en el capítulo étnico”, explicó Posada.
La primera sentencia de este tipo en Antioquia fue proferida el 19 de diciembre de 2023, cuando se restituyeron 12.394 hectáreas al Consejo Comunitario por la Identidad Cultural de Mandé, en los municipios de Urrao y Frontino, beneficiando a 1.043 personas afrodescendientes.
El resguardo Jaidukamá, cuyo nombre significa “la montaña de los espíritus”, ha sido gravemente afectado por el conflicto armado. La presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y la acción de grupos armados ilegales obligaron al desplazamiento y confinamiento de sus habitantes, impidiendo el acceso a zonas de caza y sitios sagrados, y afectando su vida comunitaria, tradiciones y gobierno propio.
Como medida de reparación, el fallo ordena a la URT realizar una entrega simbólica del territorio en una ceremonia liderada por las autoridades del resguardo, con la participación de las entidades estatales encargadas del cumplimiento de la sentencia.
Este hito representa un paso fundamental en la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, y un ejemplo del compromiso del Estado con la reparación integral a las comunidades históricamente vulneradas.