EL SALVADOR:
Por David Bernal
La mitad de ellos sufrieron violencia, según el registro de la ONG. También opinan de las condenas a menores producidas en el marco del régimen de excepción en El Salvador.
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La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) confirmó ayer que contabiliza 235 privados de libertad fallecidos desde que inició el régimen de excepción, es decir, del 27 de marzo de 2022 a la fecha, y sostiene que un 48 % de ellos murieron con signos de violencia, mientras que otro 30 % lo hizo por falta de atención médica adecuada.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que estos 235 casos están documentados gracias a denuncias de las familias de las víctimas.
«A 22 meses del régimen hemos confirmado esa cifra. De las 235 víctimas solo el 6 % estaba perfilado como pandillero al momento de su captura y el otro 94 % no tenía antecedentes y tenían los arraigos que demostraban su inocencia», explicó.
Los últimos cuatro casos reportados son los de Javier España Trinidad, quien murió el 4 de febrero y estaba recluido en el penal de Mariona; Santos Antonio Bolaños, el 17 de febrero y recluido en el penal de Izalco; David Martínez Hernández, 17 de febrero y Centro Penitenciario de Santa Ana; y Raúl Rivera, el 18 de febrero y quien estaba en el penal de Izalco.
Escobar dijo que les llama la atención que durante el período de elecciones presidenciales y legislativas, entre el 4 y el 16 de febrero, Centros Penales no reportó fallecidos dentro de las cárceles. «Sobre eso hay dos lecturas. Ellos tienen la posibilidad de ordenar que no haya torturas para que no mueran o bien ocultan las muertes en las morgues», analizó.
SOBRE PENAS A MENORES
Escobar también se pronunció sobre los 1,065 menores de edad que ya fueron condenados en el marco del régimen de excepción, según cifras reveladas el jueves 22 de febrero por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
«Son declaraciones bastante irresponsables (sobre las condenas a menores), sobre todo si ellos conocen la debilidad institucional y a la luz de casos que hemos conocido, de menores que han sido condenados hasta a diez años de cárcel solo con un testimonio falso de un militar», expuso, en alusión al trabajo que el Socorro hizo con el caso de Samuel Cali, un joven de la Isla Espíritu Santo que logró demostrar su inocencia y recuperar su libertad.
«Es probable que muchas de estas condenas no tengan fundamentos», agregó.