Las comunidades han sufrido homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, y confinamientos.
Como consecuencia de los recientes enfrentamientos armados, 58 familias desplazadas en los municipios de Amalfi y Anorí, en el Nordeste antioqueño, recibieron ayuda humanitaria de emergencia para garantizar su subsistencia mínima.
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En Anorí, 32 familias permanecen desde hace un mes en la cabecera municipal tras huir de la vereda Los Toros, en Amalfi, donde el pasado 21 de agosto un helicóptero de la Policía fue derribado durante operaciones antinarcóticos. En ese ataque, atribuido a las disidencias de las FARC y al ELN, murieron 13 uniformados.
Desde entonces, los desplazados se encuentran autoalbergados en casas de familiares y amigos, a la espera de condiciones de seguridad para regresar.
La situación se repite en el corregimiento de Liberia El Charcón, donde 26 familias fueron obligadas a abandonar la vereda El Tesoro tras los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo. Se trata de comunidades de mineros artesanales y agricultores que este mismo año ya habían enfrentado confinamientos por la confrontación armada.
Disputa de grupos armados
La violencia persiste en las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca, donde tres grupos armados ilegales —disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo— se disputan el control territorial de corredores estratégicos para la minería ilegal y los cultivos ilícitos.
En medio de esa disputa, las comunidades han sufrido homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de menores, accidentes con minas antipersonal, extorsiones y restricciones a la movilidad.
Solo este año, en Antioquia, más de 2.000 familias han sido víctimas de desplazamientos o confinamientos en 22 emergencias masivas derivadas del conflicto armado.