Se trata de la ESE Bello Salud que suspenderá servicios ambulatorios. Más de 10.000 usuarios se verían afectados.
No paran las dificultades para los afiliados de la Nueva EPS, que mientras libra batallas con algunos hospitales públicos, como los siete con los que firmó convenio el pasado jueves, contrae nuevos líos con otros centros asistenciales.
Esta vez, la ESE Bello Salud anunció que, a partir del próximo 1 de octubre de 2025, suspenderá la prestación de servicios ambulatorios a los más de 13.000 usuarios afiliados de esa entidad intervenida por el Gobierno nacional, debido a una deuda acumulada que asciende a los $1.500 millones de pesos.
De acuerdo con la institución, desde el pasado 1 de julio de 2025 se han venido ofreciendo los servicios de manera continua, sin que hasta la fecha la EPS haya realizado abono alguno. El gerente Cesar Augusto Arango Serna manifestó que pese a los intentos de que haya abonos, no se ha logrado.
«Venimos atendiendo de manera ininterrumpida a más de 13.000 usuarios del régimen subsidiado de la Nueva EPS y en este momento pues no hemos podido, a pesar de los esfuerzos, lograr que la entidad nos cancele ninguna de las mensualidades que según la norma deben pagarse de manera anticipada», sostuvo el directivo.
La entidad aclaró que por ahora mantendrán únicamente la atención de urgencias vitales, como lo establece la normatividad vigente, pero hay una esperanza en el encuentro que sostendrán con la nueva agente interventora, Gloria Polanía, para evitar que se haga efectivo el cierre, por el riesgo a la estabilidad financiera de esta entidad pública.
La medida preocupa a los usuarios de la Nueva EPS en Bello, quienes deberán esperar una pronta solución que permita restablecer la atención en consulta externa y otros servicios ambulatorios o incluso, tener que desplazarse a otras entidades en el valle de Aburrá.
Vale la pena mencionar que esta IPS descentralizada del municipio de Bello actualmente, atiende a más de 80.000 usuarios de Savia Salud, fuera de los de la Nueva EPS y cuenta con ocho sedes ubicadas en los barrios de mayor vulnerabilidad, como lo son Zamora, Fontidueño, Mirador, Playa Rica, San Félix, Maruchenga, París y Rosalpi.