La Superintendencia de Industria y Comercio busca determinar si la empresa vulneró los derechos de algunos consumidores.
La Superintendencia de Industria y Comercio anunció la apertura de una investigación a Almacenes Flamingo, con la que busca determinar si la empresa vulneró los derechos de los consumidores, tras varias denuncias de clientes.
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Según la entidad, se identificó que compañía habría realizado cobros de intereses por encima del límite legal y no habría cumplido el deber de información hacia los consumidores en Colombia.
“La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor analizó distintos requerimientos de información a Almacenes Flamingo, en relación con el servicio de ventas con financiación, la información suministrada a los consumidores en la etapa previa de la compra y los cobros efectuados. Al culminar dicho análisis, la Dirección identificó que esta sociedad habría incurrido vulneraciones a los derechos de las y los consumidores”, explicó la SIC.
Presuntas infracciones
Haber cobrado intereses por encima del límite legal. Después de revisar las operaciones de financiación adelantadas por Almacenes Flamingo en noviembre de 2022 y enero de 2024, la Dirección de Investigaciones identificó que las tasas de interés cobradas por esta compañía habrían superado los límites establecidos por la legislación colombiana.
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No haber entregado información mínima obligatoria en los contratos de crédito. Al estudiar los contratos de adquisición de bienes y servicios, mediante sistemas de financiación celebrados en enero y noviembre de 2024, la Dirección de Investigaciones encontró que en estos contratos no se habría incluido información necesaria para la toma de decisiones de las y los consumidores, relacionada con la descripción detallada del bien adquirido; las tasas de interés (remuneratoria y moratoria) expresadas como interés efectivo anual, y la tasa máxima legal vigente al momento de la firma del contrato.
Para la SIC, las acciones y omisiones que habría cometido Almacenes Flamingo habrían generado que los consumidores pagaran más de lo debido y no contaran con elementos suficientes para la toma de decisiones, al momento de la adquisición de los bienes financiados.
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De comprobarse la comisión de las conductas investigadas, la entidad podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos, cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días o la prohibición temporal o definitiva de distribuir u ofrecer al público determinados productos, entre otras sanciones.
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