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Imputan cargos a gerente jurídica de La Previsora S.A. por presunta corrupción en Atlántico

Fiscalía. Foto: Colprensa

Daniela Ramírez Ariza

Se trata de Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, por hechos cuando se desempeño como secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico.

La Fiscalía imputó cargos a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento y al subsecretario de Gestión Agropecuaria, Martín Rafael Atencio, por presunta corrupción en un contrato de $1.000 millones para el suministro de 200 cascos en fibra de vidrio para lanchas pesqueras artesanales en 2014.

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La mujer es la actual gerente jurídica de La Previsora S.A.

El presunto direccionamiento de un contrato de $1.000 millones
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Sarmiento en mayo de 2014, ordenó abrir una licitación por 1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos. El valor de cada elemento se fijó en su momento en algo más de 5’800.000 pesos, desconociendo una consultoría previa que estableció un costo menor. Este proceso finalmente fue declarado desierto por falta de oferentes.

Posteriormente, el 10 de julio de 2014, la exfuncionaria dispuso poner en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. En ese sentido, el 12 de septiembre de 2014, fue suscrito con una fundación privada un contrato por 980 millones de pesos.

«Las evidencias dan cuenta de que Sarmiento habría acordado favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos legales exigidos, no tenía experiencia ni capacidad suficiente para elaborar las lanchas, carecía de un astillero en Atlántico y de musculo financiero. En ese sentido, fueron modificados los pliegos de condiciones, el comité evaluador calificó indebidamente la propuesta comercial, se validaron documentos con información falsa y, a través de un contrato de prestación de servicios por 17 millones de pesos, se vinculó a un profesional para que brindara asesorías al adjudicatario».

Luego, el 24 octubre de 2014, un día antes de acabar el plazo de entrega, el contratista tan solo había suministrado 32 de los 200 cascos que se comprometió a fabricar en 29 días. Por lo anterior, las partes acordaron suspender el contrato con el supuesto argumento de afectaciones por la fuerte temporada de lluvias, sin establecer el tiempo del aplazamiento para permitir a la fundación elaborar los elementos restantes. Para el 12 de diciembre de 2014, fue reactivado el contrato y se entregaron los 168 cascos que faltaban.

A su vez, Atencio, como integrante del comité evaluador, presuntamente valoró los documentos presentados por el contratista, otorgó una calificación superior a la real y recomendó asignar el contrato por encima de otros oferentes más competentes. No alertó sobre las demoras y dejó que pasaran los días para que el contratista cumpliera.

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