La publicación en la plataforma oficial ha causado revuelo en redes, y críticas a la empresa antioqueña de servicios públicos.
Está causando revuelo una publicación oficial en la que Empresas Públicas de Medellín aparece como parte de la acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá para pedir la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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Uribe Vélez fue condenado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en primera instancia a 12 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos. Además de eso, la pena incluye la inhabilidad por 100 meses para ocupar cargos públicos y una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La jueza Sandra Liliana Heredia ordenó que se aplicara de inmediato la casa por cárcel, aunque la defensa del exmandatario, en cabeza del abogado Jaime Granados, anunció que se apelaría la sentencia, pero además presentó una tutela ante el mismo Tribunal Superior de la capital de la república al considerar que a Uribe se le han violado los derechos fundamentales.
En la información pública acerca de esa acción sería donde aparece EPM como accionante y que ha suscitado múltiples críticas, e incluso se ha llegado a sostener que se está financiando el pago de la defensa del expresidente con recursos públicos provenientes de los usuarios.
Por ello también, el conglomerado antioqueño de servicios públicos anunció que desde este mismo martes le pidió al tribunal que rectifique.
“Frente a esta información inexacta, que ha sido divulgada públicamente, EPM considera importante reiterar lo siguiente: 1. EPM no hace parte de esta acción de tutela. 2. La mención de nuestra empresa en la publicación del sistema judicial es un error que ya fue puesto en conocimiento de la autoridad competente para su respectiva corrección”, dijo la firma en un comunicado.
Vale la pena recordar que, casi de manera inmediata a ser presentada, este martes el Tribunal Superior de Bogotá anunció el rechazo de la misma y dejó claro que la detención domiciliaria a Uribe seguirá vigente mientras no haya un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso.
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La corporación fue enfática al señalar que “las decisiones de los jueces gozan de la presunción de acierto y legalidad, hasta tanto en las instancias superiores se determine lo contrario; ello permite garantizar la seguridad jurídica, su respeto y cumplimiento, como garantía de los postulados de los artículos 29 y 229 de la Carta Política”.
Con esta afirmación, dejó claro que no puede suspenderse una orden judicial vigente solo por la inconformidad de la parte accionante.