EL SALVADOR:
Por David Bernal
La investigación de Cristosal revela tres distintas modalidades y denuncia que hay una «corrupción institucionalizada» en las cárceles de El Salvador.
Una investigación de Cristosal logró documentar cobros ilegales, extorsiones y pagos hechos por familias desesperadas por ver a sus familiares privados de libertad en el sistema penal de El Salvador, con lo cual, según el informe, «se revela la corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios» durante la medida del régimen de excepción.
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El informe lleva por nombre «El negocio oculto del sistema penitenciario salvadoreño» y revela al menos tres modalidades de esta corrupción: sobornos obligatorios disfrazados de «donaciones» para permitir visitas o dar información; pagos a custodios o personal penitenciario para obtener beneficios; y la participación de abogados que participan como «intermediarios» a cambio de gestionar una visita u obtener una liberación.
Estos hallazgos exponen una estructura organizada que involucra a custodios, personal técnico, autoridades penitenciarias y actores externos. No son casos aislados», sostiene Cristosal en su informe.
Según los testimonios recopilados por el equipo de investigación de la organización, familiares de privados de libertad realizaron pagos en especies o en efectivo para poder tener acceso a ver a su familiar. En el primer caso se les pedían víveres, medicamentos, enseres de oficina o incluso pipas con agua. En el segundo las sumas podían llegar hasta los $4,000 o $5,000.
“Me pedían $2,000 en Mariona para poder ver a mi primer hijo. Y créame, si los hubiera tenido, los hubiera pagado para verlo”, relata una madre en el informe.
Ella también relata que vio como una mujer pagó $4,000 en dos distintas ocasiones para poder ver a su esposo en el penal de Mariona por 20 minutos.
El informe también documenta la existencia de una «red» de abogados particulares que cobran fuertes sumas de dinero a cambio de beneficios para los privados de libertad. Algunos familiares pagaron $3,000 por lograr que su pariente fuera trasladado a un «sector menos conflictivo» de un penal, mientras que otros reportaron que les pedían $7,000 a cambio de dejarlos en libertad.
«La corrupción y los abusos documentados confirman que el régimen de excepción ha convertido las cárceles en un negocio de extorsión y muerte. Lo que debería ser justicia, rehabilitación y dignidad, se ha convertido en una maquinaria de sufrimiento humano administrada por el Estado», concluye Cristosal.
Sostienen que estos casos dejan constancia de las vuneraciones de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas y hacen un llamado a la comunidad internacional y organosmos internacionales para que se verifique la situación.