QUITO: ECUADOR:
Quito activó el Protocolo Metropolitano ante posibles manifestaciones sociales. La norma obliga a coordinar acciones con el Gobierno Nacional para garantizar servicios básicos, seguridad ciudadana y evitar daños durante eventos de conmoción social.
El Municipio de Quito activó este 22 de septiembre de 2025 el Protocolo Metropolitano ante Eventos de Conmoción Social o Manifestaciones. Dicho mecanismo, aprobado en marzo de 2023, durante la administración de Santiago Guarderas, se aplica cuando existe riesgo de movilizaciones que puedan alterar el orden de la ciudad.
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El protocolo nació como respuesta a las crisis vividas en 2019 y 2022, cuando Quito fue el epicentro de fuertes manifestaciones que paralizaron servicios estratégicos, dejaron graves afectaciones económicas y pusieron en riesgo la seguridad ciudadana.
La decisión se toma ante la posibilidad de que lleguen manifestaciones sociales a la capital en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Las protestas están activas en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha.
La aplicación del protocolo obliga a que Quito coordine de manera directa con el Gobierno Nacional, una tarea compleja si se considera que en anteriores ocasiones las diferencias políticas y operativas han dificultado la cooperación entre instituciones.
El Protocolo Metropolitano dispone un trabajo conjunto que incluye al Municipio, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y varias instancias del Gobierno central.
A pesar de esto, el alcalde Pabel Muñoz envió un oficio al Gobierno Nacional, específicamente a los ministros del Interior y Defensa, solicitando resguardo policial y militar en infraestructuras esenciales de la ciudad, como plantas de agua potable, redes eléctricas, servicios productivos y de abastecimiento básico.
Qué es el protocolo ante manifestaciones
El protocolo fue diseñado en marzo de 2023, con el objetivo de asegurar la prestación de servicios básicos y el funcionamiento normal de las instituciones que los proveen. De esta manera se busca evitar la paralización de la ciudad y reducir riesgos de daños a la propiedad pública y privada.
Su alcance es tanto preventivo como de respuesta. Es decir, establece acciones antes, durante y después de las manifestaciones para garantizar la seguridad, la convivencia armónica y la operatividad de infraestructuras estratégicas como agua potable, energía eléctrica, transporte público, recolección de basura, entre otros.
Las entidades de seguridad complementarias del Municipio, junto con las empresas públicas que administran estos servicios, deben actuar en coordinación con las instituciones del Gobierno central y otros gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Acciones previstas en las tres fases
El protocolo detalla un esquema de responsabilidades para tres etapas:
1. Antes: identificar actividades, recursos y procedimientos, capacitar al personal y designar responsables en cada componente del sistema.
2. Durante: coordinar acciones de atención y respuesta, garantizar comunicación directa entre instituciones y disponer de recursos logísticos y humanos de acuerdo al nivel de riesgo.
3. Después: actualizar planes de contingencia, evaluar los daños y coordinar nuevas acciones interinstitucionales.
Estas fases implican capacitaciones permanentes entre instituciones. Por ejemplo, la Policía Nacional debe entrenar al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano en el uso progresivo de la fuerza y en tecnologías no letales, siempre respetando los derechos humanos. A su vez, el Cuerpo de Bomberos capacitará a la Policía Nacional en el manejo de hidrantes y control de conatos de incendio.
Coordinación interinstitucional
El protocolo establece la designación de un coordinador general de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que será el enlace directo con la Policía Nacional para monitorear concentraciones masivas. Además, ordena a las instituciones municipales socializar y capacitar al personal en la aplicación del documento.
La comunicación interinstitucional debe ser permanente y fluida, con intercambio de información sensible sobre posibles escenarios de conmoción social. Dependiendo del nivel de riesgo, se podrán coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. El resguardo de la Policía Nacional o de militares acompañará la movilización de recursos municipales para evitar daños a bienes públicos. (EC)
Los niveles de mando e instancias de coordinación
Grupo de Trabajo Permanente para la Gestión de Crisis: conformado por el Alcalde de Quito, ministros de Gobierno, el comandante general de la Policía Nacional y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Opera en la Sala de Crisis Nacional del ECU-911.
COE (Comité Operativo de Emergencias): integrado por secretarios metropolitanos, gerentes de empresas públicas, administradores zonales y el comandante del DMQ. Se ubica en la Sala de Crisis del Municipio.
Puesto de Mando Operativo (PMO): conformado por el director metropolitano de Seguridad, el director del COE Metropolitano, el jefe de operaciones de la Policía Nacional en Quito y los jefes de operaciones de la AMT, Bomberos y Agentes de Control. Opera en la Sala de Situación del Municipio.
Puesto de Mando Unificado (PMU): integrado por jefes zonales de seguridad, comandantes distritales de la Policía Nacional y jefes de zona de las entidades municipales de control. Funciona en los distritos policiales.