La casa ya está adecuada y dotada para la atención de las víctimas. Se espera que entre en funcionamiento en las próximas semanas.
El año pasado, en el marco del lanzamiento de la estrategia ‘¡Ponte las gafas y pilas con la trata!’, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cartagena anunciaron que la ciudad contaría con una ‘Casa por la Vida’, un espacio seguro para brindar acompañamiento y atención a las víctimas de diferentes tipos de explotación.
Según informó la Secretaría del Interior, el inmueble ya se encuentra adecuado y dotado, por lo que abriría sus puertas en las próximas semanas.
“Este proyecto es posible gracias a una suma de esfuerzos. La casa fue entregada en calidad de donación por la Sociedad de Activos Especiales y la dotación completa de mobiliario, electrodomésticos y enseres fue realizada por la Organización Internacional para las Migraciones”, explicaron.
La casa refugio se proyecta como un espacio seguro, confidencial y humanizado para brindar protección a las víctimas de trata y responder de forma efectiva y digna a sus necesidades.
“Esta es una iniciativa construida desde la articulación interinstitucional para transformar vidas y restituir derechos”, apuntaron.
La Secretaría del Interior explicó que aún se está en proceso de análisis para definir cómo se gestionará mensualmente la operación. La idea es implementar un modelo sostenible a través del trabajo articulado entre entidades del orden nacional, distrital y la cooperación internacional.
“Actualmente, estamos en la fase de estructuración del modelo de atención y gestión operativa, lo que nos permitirá ponerla en funcionamiento en las próximas semanas. Nuestro compromiso es que la casa comience a operar en el menor tiempo posible, garantizando calidad y calidez en los servicios”, manifestaron.
Los servicios que tendrá la casa refugio
En la casa refugio habrá un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, nutrición y otras áreas, para atender a las víctimas de trata de personas de manera integral según sus necesidades.
Los servicios incluyen alojamiento temporal y seguro, el suministro de elementos de aseo personal y productos de cuidado, así como apoyo nutricional con alimentación diaria y valoración profesional.
La atención psicosocial se brindará de forma individual y grupal con un enfoque en recuperación emocional, manejo de trauma y contención de crisis; mientras que la asesoría jurídica será personalizada para el restablecimiento de derechos y la activación de las rutas judiciales.
De igual manera, habrá atención pedagógica y acompañamiento educativo con procesos de alfabetización y nivelación.
Cada persona contará un plan de acción individual encaminado a la construcción de un proyecto de vida autónomo y sostenible, con el fin de facilitar su reintegración social y económica. De esta forma también se contempla la formación hacia la vida productiva, con énfasis en emprendimiento, empleabilidad y habilidades para la vida.
Todo eso se busca lograr a través de un abordaje intersectorial articulado, con la participación de entidades del Estado, cooperación internacional y organizaciones sociales.
Más acciones contra la trata de personas
Por otro lado, desde la Secretaría del Interior, apuntaron que adelantan otras acciones a través del Grupo Distrital contra la Trata de Personas, las cuales incluyen actividades de prevención, formación y articulación institucional.
Entre ellas se encuentran capacitaciones a funcionarios, docentes, jóvenes, operadores turísticos y comunidades; jornadas de sensibilización en entornos vulnerables; y activaciones de campaña en espacios públicos.
También se realizan seguimientos a los casos reportados y se apoya la ruta de atención en articulación con la Fiscalía, la Policía, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otros actores clave.
Sobre el delito de trata de personas
De acuerdo con el Código Penal, el delito de trata consiste en la captación de personas con fines de explotación, es decir, para obtener un provecho económico mediante actividades sexuales, mendicidad forzada, matrimonio servil u otras formas de esclavitud.
La pena es de 13 a 23 años de prisión y la multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.