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Por: Melissa Álvarez Correa
Consideran que solo queda una camino legal ante la falta de cumplimiento de las decisiones de la acción popular impulsada por la Alcaldía de Medellín y otras que no han tenido el efecto esperado.
La salud sigue estando en cuidados intensivos y por ahora no ha habido decisión judicial que la revitalice, ante las deudas de más de cuatro billones de pesos de las EPS a los centros asistenciales antioqueños. Diferentes sectores en Antioquia se dieron cita recientemente en la Asamblea departamental para abordar esta problemática y concluyeron que el único camino que queda contra el Ministerio y la Superintendencia de Salud para que se giren los recursos a los hospitales y clínicas de la región son las vías jurídicas, pero no cualquiera.
Recordemos que ya existen demandas ante el Consejo de Estado, pronunciamientos de la Corte, que pidió un ajuste de la UPC, y una acción popular impulsada por la Alcaldía de Medellín, sobre la cual esta última tuvo decisión en el mes de julio, cuando Tribunal Administrativo de Antioquia le dio 30 días de plazo al Gobierno nacional y a las EPS intervenidas para que pagara toda la deuda que tiene con los hospitales públicos y privados; pero hasta ahora los avances no se han visto.
El diputado Jorge Correa, quien promovió dicha audiencia, manifestó en diálogo con Blu Radio que la preocupación es extrema, no solo porque los centros asistenciales se han estado ahogando poco a poco, sino que también los pacientes no saben adónde acudir, sus enfermedades aumentan y no hay una red de atención primaria.
Si vos le disminuís los recursos, pues el sistema no se quiebra inmediatamente, sino que va reduciendo la prestación de servicios, y vemos cómo los servicios de urgencias en el departamento constantemente superan el ciento dos por ciento en atención, si hay EPS que hoy no tienen red en el departamento como la nueva EPS, y áreas salud son los mayores deudores del sistema de salud en Antioquia», detalló.
Para la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, la única opción legal que queda es una demanda en la que sean los entes de control los que establezcan si ha habido o no responsabilidad por parte de MinSalud y la Supersalud en la crisis actual.
«Al asfixiar el flujo de recursos, esto está llevando como consecuencia que los hospitales le están cerrando permanentemente a los usuarios. La única ruta que nos queda, pienso yo, es una demanda por un prevaricato por omisión, porque ahí sí hay una vía expedita y una decisión que podría tomar la Procuraduría. De pronto, ahí hacen más caso», expuso la secretaria.
Para Ramírez, ningún sistema soporta esta situación de la iliquidez, que calificó como una “gran pandemia” generada “por las decisiones improvisadas del gobierno”. A las preocupaciones se suman los constantes cambios en la Superintendencia de Salud, entidad en la que fue nombrado recientemente Bernardo Armando Camacho, exinterventor de la Nueva EPS, entidad que junto con Savia Salud le adeuda 1.9 billones de pesos a la red pública de atención en el departamento.
Para los afiliados las consecuencias van más allá: no tienen red primaria de atención fija, se han dilatado los tiempos de espera en las citas y las autorizaciones para cirugía, además de que a los pacientes de alto costo no les está quedando fácil acceder a los medicamentos, ante lo cual las autoridades departamentales han pedido al Ministerio y a la Superintendencia que es necesario que actúen.
