Protesta indígena en el parque Santiago Canabal, en Tierralta, Córdoba.
Juan Guillermo Castro Pineda
La protesta, que ya congrega a cerca de 350 indígenas instalados con hamacas y enseres frente a la Alcaldía de Tierralta, podría escalar en las próximas horas con la llegada de más familias afectadas.
La Alcaldía de Tierralta anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) como medida para buscar una salida concertada a la protesta pacífica que mantiene un grupo de familias de la comunidad indígena Camaenka, de la etnia Emberá Katío, en el parque central Santiago Canabal.
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La información fue confirmada por Róder Ramos Mellao, secretario de Gobierno municipal, quien, aunque ratificó la instalación del PMU, reiteró que la disputa de fondo que motivó la manifestación es considerada un “asunto interno del pueblo indígena”.
Conflicto por gobernabilidad y recursos
Desde hace varios días, los miembros de la comunidad Emberá Katío han permanecido en el parque denunciando serias inconformidades.
El núcleo de su protesta gira en torno a la gobernabilidad de su cabildo y a presuntos manejos irregulares de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), destinados a proyectos esenciales para el resguardo.
El secretario Ramos Mellao explicó que las tensiones son producto de desacuerdos entre líderes indígenas, una situación que, conforme a la normativa étnica colombiana, debe resolverse bajo sus propios usos, costumbres y autonomía.
“La situación que atraviesan las comunidades indígenas es un conflicto interno. Sin embargo, desde la Alcaldía estamos acompañando el proceso y facilitando los espacios de diálogo que permitan destrabar esta problemática”, afirmó el secretario de Gobierno, a pesar de que la Alcaldía ha aclarado que no tiene competencia directa sobre la disputa.
El rol del Ministerio del Interior
La administración municipal ha reiterado su compromiso de facilitar los espacios de concertación para asegurar que la situación se desarrolle de manera pacífica, buscando minimizar los impactos en la movilidad y en las actividades comerciales del centro de Tierralta.
Mientras el PMU comienza a operar, se espera que el Ministerio del Interior, la entidad competente en materia étnica a nivel nacional, asuma un papel activo para orientar y acompañar la resolución del conflicto que afecta a las comunidades indígenas.
