Foto: Colprensa
Por la retoma del Palacio fueron condenados varios integrantes de la Fuerza Pública; en contraste, los miembros del M-19 recibieron indultos tras la firma del acuerdo de paz.
El 6 y 7 de noviembre de 1985, el horror se apoderó del Palacio de Justicia. La toma del edificio por parte del M-19, financiada por el narcotraficante Pablo Escobar, se extendió por todo el recinto durante 28 horas de fuego cruzado. En el cuarto piso, donde se ocultaban algunos de los magistrados y guerrilleros , el desenlace fue especialmente atroz: nadie volvió a salir con vida. Ese episodio, apenas un fragmento del infierno que se vivió en esos dos días, culminó con la retoma militar que arrasó por igual con responsables e inocentes.
Desde afuera del cuarto piso solo se escuchaban los gritos y el golpe seco de objetos que se partían contra el suelo. Algo ocurría adentro que nadie podía ver. En la azotea, los soldados del Ejército apuntaban con visores infrarrojos, donde se distinguía una barricada improvisada con escritorios, sillas y archivadores. Detrás de ese muro de humo se movían sombras que pedían auxilio: “Era una gritería”, testificó un soldado después de la operación.
Nunca se supo con certeza cuántas personas estaban allí ni quiénes murieron primero, si los rehenes o los guerrilleros del M-19 que se habían tomado el edificio esa mañana. De ese piso, apenas fueron rescatados restos humanos calcinados, cuerpos mutilados por las explosiones, fragmentos irreconocibles. Ninguno pertenecía a alguien que hubiera sobrevivido. Entre las víctimas se encontraban los magistrados Alfonso Reyes Echandía —presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya voz implorando el cese del fuego estremeció al país—, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa. En sus restos se hallaron proyectiles que no correspondían a las armas utilizadas por la guerrilla, evidencia silenciosa del desmedido uso de la fuerza durante la retoma del ejército.
Este episodio hace parte del informe de la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia, publicado en 2010. Los investigadores concluyeron que “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”.
La toma violenta del Palacio de Justicia cumple 40 años y los muertos no fueron solo los del cuarto piso. Los informes oficiales registran al menos 98 personas fallecidas entre magistrados, funcionarios de la Rama Judicial, civiles, guerrilleros e integrantes de la Fuerza Pública. A esa cifra se suman 11 personas desaparecidas de manera forzada, algunas vistas con vida al momento de la retoma y cuyo paradero aún se desconoce.
Durante seis meses, el mando central del M-19 trazó el plan para la toma del Palacio de Justicia, una operación bautizada “Antonio Nariño, por los Derechos del Hombre”. La cúpula guerrillera estaba integrada por Alvaro Fayad Delgado, como comandante general, Carlos Pizarro León Gómez, Gustavo Arias Londoño y Antonio Navarro Wolff.
Según testimonios, la toma se decidió en el Cauca entre Fayad y Pizarro y no se discutió con el resto de la cúpula. “Lo único que circulaba era información general, se les advertía que iba a pasar algo grande, que tuvieran cuidado”.
De acuerdo con las versiones recibidas por la Comisión de la Verdad, al Palacio de Justicia inicialmente iban a ingresar 65 guerrilleros. Sin embargo, por la supuesta escasez de recursos económicos redujeron el número y asignaron mayores responsabilidades a quienes iban a entrar. Este comando finalmente quedó conformado por 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres. Todos murieron en esa operación subversiva.
Antes de la ejecución del plan, los guerrilleros hicieron vigilancia constante del edificio, recorridos en sus alrededores y diseñaron planos. Algunos de los militantes fueron detenidos cuando estudiaban accesos y rutas de escape, pero las alertas no cambiaron el rumbo de los hechos.
El 16 de octubre de 1985, las Fuerzas Militares y la Sijín recibieron mensajes anónimos que advertían sobre una inminente toma guerrillera. Pese a ello, no se adoptaron medidas de refuerzo. Un día antes del asalto, sin ninguna explicación, fueron retirados los 22 policías asignados a la seguridad del Palacio, y en su lugar quedaron apenas seis vigilantes privados custodiando el edificio.
El objetivo inicial del M-19 era retener a los magistrados para instalar un “tribunal revolucionario” que juzgara al presidente Belisario Betancur por el fallido proceso de paz. Al menos, esa fue una de las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, pues también habría un interés doble: quemar los expediente de Escobar y sus secuaces.
La mañana del 6 de noviembre de 1985, entre las 11:00 y las 11:40, comenzó la operación. Siete insurgentes entraron por la puerta principal del Palacio mientras otros se desplazaron en camiones hacia el parqueadero. Los primeros disparos estallaron en el sótano: guardias y escoltas fueron abatidos antes de reaccionar. En el otro extremo del edificio, dos miembros del M-19 que se habían hecho pasar por estudiantes de Derecho, subieron por los corredores y tomaron los pisos superiores. En minutos, el Palacio de Justicia se convirtió en un campo de combate. Los guerrilleros fueron responsables de la muerte de varios inocentes presentes en el lugar. Entre ellos, el magistrado de la Sala Constitucional Manuel Gaona.
“El magistrado estaba en el baño entre el segundo y el tercer piso, allí también estaban refugiados los sobrevivientes del M19 y otros rehenes. El Ejército los había rodeado, ellos estaban quedando sin munición, entonces se desesperaron y decidieron dejar salir a parte de los rehenes, menos a Manuel Gaona, el único de los magistrados de la Sala Constitucional que sobrevivía. En un momento un integrante del M-19 le hizo señas a Gaona para que saliera de cuclillas hacia donde estaba el Ejército, pero antes de que terminara de bajar la escalera, un guerrillero le disparó en la nuca y lo mató”, dijo a EL COLOMBIANO, Nilson Pinilla, investigador de la Comisión de la Verdad.
Penas contra militares
En total, 11 personas salieron con vida del Palacio de Justicia y fueron trasladadas por miembros de la Fuerza Pública a la Casa del Florero, un edificio contiguo al Palacio. Allí fueron sometidas a interrogatorios brutales y nunca más se supo de ellas. Por esos hechos, la justicia procesó a varios oficiales del Ejército. El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010, aunque la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en 2015.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales recibió en 2019 una condena de 35 años de prisión por su responsabilidad en las desapariciones. Más recientemente, en 2021, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 40 años de cárcel al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, al mayor (r) Óscar William Vásquez y a los capitanes (r) Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
El entonces presidente Belisario Betancur fue duramente cuestionado por su falta de respuesta ante los llamados de auxilio de los magistrados y por su omisión en el manejo de la crisis. Años después, el Estado colombiano fue condenado por estos hechos, y durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el país pidió perdón público a las víctimas y sus familias.
Las pruebas de que Pablo Escobar financió la toma
El clima político de la época era tenso y peligroso. A comienzos de diciembre de 1984, el grupo de narcotraficantes conocido como Los Extraditables amenazó de muerte al presidente de la República, a varios ministros y a los magistrados de las altas cortes. Las intimidaciones contra la Rama Judicial se agudizaron luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un concepto favorable a la extradición de Carlos Lehder, uno de los jefes del cartel de Medellín.
Aunque durante años figuras del antiguo M-19, como Otty Patiño, han insistido en que la organización no tenía vínculos con el narcotráfico, la tragedia del Palacio de Justicia dejó ver otra realidad. Según versiones recogidas en distintas investigaciones judiciales, meses antes del ataque, Pablo Escobar habría ofrecido al M-19 una suma cercana a dos millones de dólares para asesinar a los magistrados de las salas Penal y Constitucional, que estaban por fallar sobre la validez del tratado de extradición con Estados Unidos.
El fallecido John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, exjefe de sicarios de Pablo Escobar, declaró que su “patrón” le entregó a Iván Marino Ospina, excomandante del M-19 la millonaria suma de dinero. En su testimonio, aseguró que finalmente nunca supo qué pasó con ese dinero.
“Él (Pablo Escobar) le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron… eso lo decía Pablo abiertamente, para la época él colocaba, más o menos en viáticos y todas las cosas les dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata… todo eso lo manejaba Pinina, que era un hombre súper clave… Para ustedes hay un hombre muy importante, es el Arete (Carlos Mario Alzate Urquijo)”, relató Popeye.
En otro testimonio, el jefe paramilitar Carlos Castaño aseguró que durante una reunión en la que estuvo presente Carlos Pizarro, entonces integrante del M19, le manifestó a representantes del cartel de Medellín lo siguiente: “Estas fueron las palabras de Pizarro: ‘Un millón de dólares para el M19 por eliminar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y un millón de dólares adicionales por destruir todos los archivos”.
Ninguno de los responsables directos de la toma del Palacio de Justicia fue condenado: todos murieron durante la operación militar de retoma. Pese a ello, persisten las dudas sobre por cuáles otros integrantes de la cúpula del M-19, que sobrevivieron a la guerra, nunca enfrentaron sanciones a diferencia de algunos militares.
Según distintos testimonios, solo los guerrilleros que participaron directamente en el asalto conocían los detalles del plan, precisamente para evitar filtraciones que frustraran la acción. Uno de los casos más citados es el de Gustavo Petro, quien formaba parte de la dirección nacional del M-19, quien afirma haber desconocido lo ocurrido, pues en ese momento estaba preso en la Cárcel Modelo de Bogotá.
Años más tarde, el 9 de marzo de 1990, el gobierno y esa guerrilla firmaron un acuerdo de paz que otorgó indultos a los alzados en armas y a quienes cometieron delitos políticos. Ese pacto, sumado al compromiso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, marcó la dejación definitiva de las armas del M-19 el 8 de marzo de 1990.
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