Álvaro Guerrero Arango
La nueva cárcel de San Cristobal, que deberá estar terminada en el primer semestre del 2027, es pionera en un modelo de gestión que todavía deja preguntas sin responder.
El pasado mes de septiembre, la administración distrital de Medellín anunció que, tras años de retrasos y de promesas incumplidas, tutelas y fallos de la corte, por fin había iniciado la construcción de la cárcel metropolitana en San Cristóbal, que tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad pero que aún no han sido condenadas, sino que están en detención transitoria.
El principal objetivo de esta nueva cárcel, que le costará a la ciudad cerca de $675.000 millones que deberá pagar durante 12 años después de su entrada en operación, es poner de una vez por todas fin al terrible hacinamiento que viven cientos de personas privadas de la libertad en las estaciones de policía de toda la ciudad, donde no solo están recluidos en espacios diminutos sino que no tienen acceso al más mínimo asomo de dignidad humana: mala y poca comida, desaseo, enfermedades, poco acceso a medicamentos, solo por mencionar algunas de las condiciones de reclusión.
En la actualidad, las estaciones de Policía de la ciudad, cuya capacidad adecuada es para un poco más de 640 personas, albergan cerca de 1.600 sindicados. Esta sobrepoblación implica un hacinamiento de alrededor del 150%. Sin embargo, hay estaciones de policía que registran normalmente indicadores de hacinamientos superiores al 1.000%. Aún en las terribles condiciones de reclusión, la manutención de estas personas le cuesta al distrito cada año cerca de $96.000 millones, según el secretario de Seguridad Manuel Villa.
Pues bien, con la construcción de este nuevo penal se pondrán a prueba dos cosas: la primera es que servirá como evidencia para el debate entre quienes defienden que el hacinamiento se soluciona con más cárceles y quienes creen que no es una medida efectiva. La segunda, es que el sistema penitenciario del país tendrá por primera vez un modelo de una cárcel construida a través de una alianza público privada y no a través de una licitación de obra pública convencional.
La alianza público privada para la construcción de cárceles no es un modelo nuevo en el mundo, de hecho, en países como Estados Unidos es bastante común desde hace años. Sin embargo, sí es la primera vez que se utiliza en el país.
Para entender cómo funciona el modelo, el abogado y profesor Juan David Posada, de la Universidad de Antioquia, hace el símil con una carretera que se construye a través de una concesión a un privado, en el que este pone la plata, construye la obra, y después se la cobra durante años a través de los recursos de los peajes.
Pues bien, en este caso será la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), una megaconstructora en México, que para efectos de este contrato creó su filial en Colombia llamada Carmet Medellín S.A, quien pondrá todo el recurso para la construcción de la cárcel, y luego pasará a operarla y a recibir como parte de pago del distrito los recursos por la operación, al menos por 12 años.
Desde la Alcaldía han defendido este modelo de construcción y operación al señalar que “este tipo de asociaciones aportan mayor eficiencia, sostenibilidad en la provisión del servicio, al contar con indicadores de cumplimiento que se miden periódicamente por una interventoría y una supervisión; además, permite el equilibrio en la distribución de riesgos, lo que genera grandes ahorros para el sector público”.
Sin embargo, para diversos conocedores y estudiosos del sistema penitenciario, como el profesor Posada, este modelo público-privado tiene algunas falencias y alertas a las que tanto las entidades públicas como la comunidad deben estar alertas. La primera, señala Posada, es que en el mediano y largo plazo, la operación de la cárcel es mucho más costosa para el distrito, pues el privado va a cobrar por persona que tenga recluida, “al cobrar por persona que ocupa un espacio físico es como si fuera un hotel”, señala.
Lo segundo, es que tampoco está garantizado que las condiciones de reclusión vayan a ser las más óptimas de acuerdo con el valor que el distrito va a pagar, pues al tratarse de un privado, cuyo principal objetivo es la eficiencia económica (hacer más con la menor cantidad de recursos posibles), el privado estará motivado a “ofrecer la menor cantidad de servicio posible para que el sistema pueda ser rentable”.
Hay que decir que en la ciudad hay programas sociales operados por privados que funcionan bastante bien, como es el caso de Buen Comienzo, sin embargo Posada señala que ese es un caso excepcional porque todos los ojos están puestos en la atención a la niñez, mientras que la situación de las personas privadas de la libertad suele ser ignorada o menospreciada por la opinión pública.
En cuanto a cómo le ha ido a este tipo de modelos en otros países como Estados Unidos, Posada señala que en algunos estados efectivamente ha sido de gran ayuda para combatir el hacinamiento, pues el particular no va a recibir más personas que por las que le pueden pagar al máximo de su capacidad, pero tampoco le interesa recibir menos. En ese sentido, puede haber un incentivo para la corrupción, como ocurrió en el estado de Illinois, donde ya hay jueces condenados por hacer negocios con privados para que enviaran a más personas a sus centros de reclusión.
Y ese incentivo tiene otra arista: no es solo puede prestarse para corrupción, sino para que la justicia sea todavía más severa en cuanto a las detenciones preventivas: “si con las estaciones de policía colapsadas los jueces siguen enviado a las personas a detención preventiva, cómo será cuando tengan espacio disponible”.
Además, advierte el profesor Palacio, una vez se termine esta nueva cárcel, los privados querrán hacer muchas más no solo en Medellín sino por todo el país bajo ese mismo esquema, lo que llevaría a un ciclo que nunca acabar: los jueces ordenan más privaciones de libertad y los privados celebran porque los van a contratar para construir más cárceles. “Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos y por eso puntean en la lista de países con mayor privación de la libertad en el mundo”.
Además, por la novedad del modelo, hay preguntas que todavía no están resueltas. Una, por ejemplo, es quién se encargaría de la seguridad del centro de reclusión, si funcionarios públicos contratados y capacitados por la Alcaldía, o si sería una empresa de seguridad privada, pues allí el INPEC no tendría ninguna competencia.
Por su parte desde la secretaría de Seguridad celebran los avances en la construcción de la nueva cárcel como una “solución de fondo”. “Tienen que haber sitios donde la gente se capture y estén privados de la libertad, no nos podemos prestar para romantizar las realidades”, señaló el secretario Villa.
